Lima, 10 feb (RHC) El ministro de Energía y Minas de Perú, Juan Carlos Liu, pidió su renuncia al cargo al divulgarse evidencias de que fue consultor privado de la empresa brasileña Odebrecht, sobre un cuestionado proyecto de gasoducto, al mismo tiempo que era asesor ministerial.

La dimisión fue anunciada a la prensa por el presidente Martín Vizcarra, en una breve declaración, en la cual dijo que, tras la revelación periodística, decidió aceptar la renuncia de Liu, pese a que este negó haber incurrido en conflicto de interés y minimizó la importancia de la consultoría realizada.

Vizcarra dijo que no sabía que su ministro había sido consultor de Odebrecht y se enteró por la prensa y que el caso será investigado para establecer responsabilidades.

Liu se pronunció en un comunicado de ese organismo, tras informar una televisora que Liu fue entre 2010 y 2014 asesor del ministro de entonces, Jorge Merino, y en 2013 elaboró como consultor de la empresa citada, un estudio utilizado para hacer viable el contrato con Odebrtecht para la construcción del Gasoducto del Sur.

El ministro alegó que en esa época no se conocían los problemas de corrupción de Odebrecht y negó haber incurrido en conflicto de intereses y que el estudio “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, fuera decisivo para la aprobación del contrato.

Según el cuestionado titular de Energía y Minas, la consultoría que elaboró solo analizaba la viabilidad del proyecto mediante la modalidad de una asociación entre el Estado y la empreda.

La fiscalía Anticorrupción, que investiga al exministro Merino, afirma que este utilizó para la aprobación del proyecto, el informe de la empresa Cosanac, representada por Liu, quien argumenta que no hubo conflicto de intereses porque su asesoría ministerial trataba temas diferentes.

Por el contrato del Gasoducto del Sur son investigados por diversos posibles delitos, Merino, el expresidente Ollanta Humala, su esposa, Nadine Heredia y varios exfuncionarios.

El contrato de construcción del gasoducto se anuló a comienzos de 2017, porque el consorcio contratista, encabezado por Odebrecht e integrado por la empresa española Enagás y la peruana Graña y Montero, no cumplió con lograr el financiamiento del proyecto dentro del plazo previsto.

Odebrecht demandó la semana pasada al Estado peruano por la nulidad del contrato, pese a que firmó un acuerdo de colaboración con la fiscalía Anticorrupción de Perú y reconoció que financió campañas electorales y pagó sobornos a funcionarios de varios gobiernos a cambio de contratos de obras.