La Paz, 20 feb (RHC) En Bolivia, las masas populares intensifican su inconformidad con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que vete la candidatura a senador del expresidente Evo Morales.

La difusión de nuevas demandas derechistas al TSE para que inhabilite a Evo Morales como candidato, coincidió con la publicación de una encuesta en el diario Página Siete, marcadamente contrario al líder indígena, según la cual 66 por ciento de la población se opone a la postulación de Morales.

Las presiones al TSE, que estudia las impugnaciones contra Evo Morales, se incrementaron con sendos pedidos de los parlamentarios derechistas Óscar Ortiz, uno de los candidatos derrotados por Morales en las elecciones de octubre de 2019, anuladas, y Erik Morón.

Ortiz confirmó que visitó a la corte electoral para demandar que inhabilite lo más pronto posible a Morales para evitar “susceptibilidades” en la población, aparente alusión a las amenazas de protestas de sectores de extrema derecha y regionalistas contra el exmandatario indígena.

El senador alegó que el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) no ha cumplido (debido al golpe que lo obligó a renunciar y exliarse) la exigencia legal de residir en Bolivia en los últimos dos años, argumento recurrente y materia de polémica.

Dos funcionarios del Ministerio de Comunicación de Bolivia fueron detenidos y acusados de corrupción, lo que pone en duda las designaciones a cargos públicos realizadas por el Gobierno de facto del país andino-amazónico.

La fiscalía boliviana ordenó a la fuerza anticrimen el arresto del director nacional de estrategias del viceministerio de Políticas Comunicacionales y el jefe de la Unidad de Difusión de esa instancia, identificados como Henry M.D.M. y Eugenio U., respectivamente.

Ambos funcionarios son acusados de pedir dinero a medios de comunicación escritos a cambio de otorgarles publicidad gubernamental.

De acuerdo con la fiscalía personas vinculadas a los referidos medios señalaron que los acusados solicitaban el 10 por ciento del monto de las adjudicaciones de publicidad a cambio de los contratos, de ahí la tramitación de la denuncia hecha ante la Unidad de Transparencia del Ministerio de Comunicación.

Este es el segundo gran escándalo de corrupción relacionado con funcionarios del Gobierno de facto que preside Jeanine Áñez, el primero tiene que ver con el desfalco millonario a la estatal Empresa de Telecomunicaciones S.A. (Entel).

El exgerente de dicha entidad, Elio Montes, es acusado de hacer uso indebido del presupuesto de la compañía y de enriquecimiento ilícito en solo 82 días al frente de la compañía.

La fiscalía emitió órdenes de detención a Montes, en Estados Unidos desde el 13 de febrero, y a otros exfuncionarios de Entel.