De acuerdo con el estudio, divulgado por el analista político José Vicente Rangel, el 84 por ciento de los encuestados aseguró que las llamadas sanciones económicas afectan a la totalidad del pueblo, resalta Prensa latina.
En contraste, apenas el 15 por ciento de los consultados estimó que las acciones punitivas implementadas por la administración estadounidense de Donald Trump solo afectan a los funcionarios del Ejecutivo bolivariano.
De igual manera, la posibilidad de una intervención militar para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro recibió el rechazo de 83 puntos porcentuales, mientras el 82 por ciento de los entrevistados abogó por un proceso de diálogo para mejorar las relaciones entre Washington y Caracas.
Venezuela acudió el 13 de febrero último a la Corte Penal Internacional de La Haya para denunciar al gobierno de Estados Unidos por los crímenes de lesa humanidad derivados de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra el país sudamericano desde 2014.
La decisión del Ejecutivo bolivariano respondió a las recientes acciones punitivas contra el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), con el fin de acentuar el escenario de asfixia económica para generar un cambio de régimen por vías antidemocráticas.
Durante la presentación de la demanda el canciller, Jorge Arreaza, alegó que tales agresiones procuran un fin político, un cambio de gobierno por vías anticonstitucionales.
De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Política -con sede en Estados Unidos- las agresiones de carácter económico solicitadas por un sector extremista de la oposición y aplicadas por la Casa Blanca son responsables de la muerte de al menos 40 mil venezolanos.
En contraste, apenas el 15 por ciento de los consultados estimó que las acciones punitivas implementadas por la administración estadounidense de Donald Trump solo afectan a los funcionarios del Ejecutivo bolivariano.
De igual manera, la posibilidad de una intervención militar para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro recibió el rechazo de 83 puntos porcentuales, mientras el 82 por ciento de los entrevistados abogó por un proceso de diálogo para mejorar las relaciones entre Washington y Caracas.
Venezuela acudió el 13 de febrero último a la Corte Penal Internacional de La Haya para denunciar al gobierno de Estados Unidos por los crímenes de lesa humanidad derivados de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra el país sudamericano desde 2014.
La decisión del Ejecutivo bolivariano respondió a las recientes acciones punitivas contra el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), con el fin de acentuar el escenario de asfixia económica para generar un cambio de régimen por vías antidemocráticas.
Durante la presentación de la demanda el canciller, Jorge Arreaza, alegó que tales agresiones procuran un fin político, un cambio de gobierno por vías anticonstitucionales.
De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Política -con sede en Estados Unidos- las agresiones de carácter económico solicitadas por un sector extremista de la oposición y aplicadas por la Casa Blanca son responsables de la muerte de al menos 40 mil venezolanos.
(Prensa Latina)
