Ginebra, 24 feb (RHC) El experto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Alfred de Zayas presentó en la ciudad suiza de Ginebra pruebas para blindar la demanda de Venezuela contra Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional.
En un encuentro con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, ofreció De Zayas elementos para apoyar la querella de Caracas contra Washington.
La reunión se efectuó en el contexto de la 43 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se desarrolla en esa urbe europea hasta el 20 de marzo.
Ese es el segundo intercambio entre Arreaza y De Zayas, perito, abogado e historiador estadounidense, quien visitó Venezuela en noviembre del 2017.
El 82 por ciento de los venezolanos rechaza las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra esta nación sudamericana, reveló un sondeo de la encuestadora Hinterlaces.
De acuerdo con el estudio, divulgado por el analista político José Vicente Rangel, el 84 por ciento de los encuestados aseguró que las llamadas sanciones económicas afectan a la totalidad del pueblo.
En contraste, apenas el 15 por ciento de los consultados estimó que las acciones punitivas implementadas por la administración estadounidense de Donald Trump solo afectan a los funcionarios del Ejecutivo bolivariano.
De igual manera, la posibilidad de una intervención militar para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro recibió el rechazo de 83 puntos porcentuales, mientras el 82 por ciento de los entrevistados abogó por un proceso de diálogo para mejorar las relaciones entre Washington y Caracas.
En recientes declaraciones a la prensa, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, precisó que las medidas coercitivas de Estados Unidos contra la economía venezolana generaron pérdidas en el orden de los 116 mil millones de dólares.
El titular señaló que el monto estimado del perjuicio financiero ocasionado por las llamadas sanciones equivale al total de las importaciones de los sectores público y privado de Venezuela por un período de seis años continuos.
Venezuela acudió el 13 de febrero último a la Corte Penal Internacional de La Haya para denunciar al gobierno de Estados Unidos por los crímenes de lesa humanidad derivados de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra el país sudamericano desde 2014.
La decisión del Ejecutivo bolivariano respondió a las recientes acciones punitivas contra el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), con el fin de acentuar el escenario de asfixia económica para generar un cambio de régimen por vías antidemocráticas.
Durante la presentación de la demanda el canciller, Jorge Arreaza, alegó que tales agresiones procuran un fin político, un cambio de gobierno por vías anticonstitucionales.
De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Política -con sede en Estados Unidos- las agresiones de carácter económico solicitadas por un sector extremista de la oposición y aplicadas por la Casa Blanca son responsables de la muerte de al menos 40 mil venezolanos.
