La Paz, 27 feb (Prensa Latina) La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención de Felipa Huanca, exejecutiva de la federación de mujeres indígenas Bartolina Sisa, organización afín a la gestión presidencial de Evo Morales.
El hecho demuestra el recrudecimiento de la campaña de persecución política implantada por el gobierno de facto en Bolivia contra funcionarios de la vida política, social y económica rectorada por el expresidente boliviano entre 2006 y 2019.
La exfuncionaria fue detenida preventivamente este jueves por un caso de supuestas irregularidades en la gestión del fondo agrario Fondioc, acusaciones de las cuales la exlideresa se declaró inocente.
A la también socióloga aymara le impusieron una denuncia en 2014 por legitimación de ganancias ilícitas, malversación, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, la cual fue rechazada en 2016 durante la gestión del fiscal Edwin Blanco.
El caso fue activado en los últimos días a petición del diputado de derecha, Rafael Quispe, actual ejecutivo de Fondioc nombrado por el Ejecutivo de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez.
'Quispe me ha acusado, me ha difamado (pero) hasta ahora no me ha comprobado nada', manifestó ante la prensa la excandidata del Movimiento al Socialismo a la gobernación de La Paz.
En la actualidad las autoridades golpistas investigan a más de 500 altos funcionarios del gobierno de Morales, perseguidos luego del golpe de Estado del 10 de noviembre.
En ese sentido, los exministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, fueron enviados preventivamente a la cárcel a raíz de esas investigaciones por supuesta corrupción en el ejercicio de sus cargos.
Otros exministros bolivianos como Juan Ramón Quintana (Presidencia), Vilma Alanoca (Cultura) y Javier Zabaleta (Defensa), están refugiados desde noviembre en la residencia oficial de México en La Paz, también requeridos por sedición y terrorismo.
El propio Morales, que se encuentra en Argentina refugiado, tiene una orden de aprehensión para que comparezca ante una acusación del Gobierno de facto por supuestos delitos de terrorismo.
La acción contra los exfuncionarios tiene lugar cuando Bolivia se encamina a elecciones generales el próximo 3 de mayo manipuladas por las autoridades que responden a los golpistas, quienes pretenden desestabilizar el proceso en franco irrespeto a la ley electoral del país suramericano, denunció el líder indígena.(Fuente:PL)
