Caracas, 7 mar (RHC) Estados Unidos arrecia su política de asfixia a Venezuela en medio de un proceso de demanda por crímenes de lesa humanidad presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la nación suramericana contra ese gobierno.

Apenas 10 días después que el canciller Jorge Arreaza presentara en La Haya la denuncia de los graves delitos cometidos contra el pueblo venezolano como resultado de la aplicación del bloqueo, la Casa Blanca renovó la orden ejecutiva declarando al país 'amenaza inusual y extraordinaria' a su seguridad.

Con la renovación de esa orden firmada durante el Gobierno de Barack Obama, la administración de Donald Trump, no sólo asegura su patente de corso para realizar esas acciones punitivas, sino que demuestra, una vez más, su prepotencia imperial al ignorar el proceso en su contra.

En tanto, el Estado bolivariano prepara nuevas pruebas para presentar en el ente jurídico internacional y convoca a una campaña de denuncia sobre las consecuencias de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por la Casa Blanca desde 2014, las cuales impiden adquirir medicinas y alimentos, y causan un perjuicio financiero de 116 mil millones de dólares, según estimaciones oficiales.

La víspera el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó ultimar los detalles para denunciar esas acciones ante los organismos internacionales y frente al mundo entero.

'Tenemos que ir afinando los detalles para denunciar el crimen que se comete contra el pueblo de Venezuela con las llamadas sanciones criminales, ilegales, unilaterales al margen del derecho internacional que el imperialismo norteamericano ha lanzado contra la economía y la vida social y política del país', aseguró.

El pasado 13 de febrero el canciller Arreaza acudió ante el tribunal de justicia internacional, encargado de juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, agresión y de lesa humanidad, para presentar la demanda contra Washington.

En su intervención el jefe de la diplomacia venezolana apeló a la aplicación del Artículo 7 del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo adoptado el 17 de julio de 1998, el cual clasifica como crimen de lesa humanidad el ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Venezuela fue uno de los primeros países en rubricarlo y ratificarlo en 2002, razones por las cuales ejerce en este caso su derecho como Estado miembro, con la intención que la Fiscalía investigue algunos de los delitos tipificados en el Estatuto y determine si se debe acusar por tales crímenes a una o varias personas.

Entre los argumentos presentados por la nación suramericana destaca que las medidas han coartado los derechos humanos del pueblo venezolano y afectado la economía del país, las mismas impiden la importación de alimentos y medicamentos.

De igual forma refiere que el Gobierno norteamericano en complicidad con la derecha venezolana ha realizado ataques contra el Sistema Eléctrico Nacional y servicios públicos, restringe el derecho al desarrollo productivo y limita el uso de los activos de Venezuela en el exterior para asfixiar económicamente al pueblo.

Todo ello, según señala el documento presentado, tiene como consecuencia un aumento de la mortalidad infantil y de personas adultas, el deceso de pacientes dentro y fuera del país sometidos a tratamientos de alto costo, el incremento de enfermedades, la reducción de la ingesta calórica, entre otras afectaciones.

En tanto la reducción de los ingresos por restricciones aplicadas, la expropiación de activos petroleros y el bloqueo al comercio internacional del crudo venezolano, han tenido impacto negativo en el funcionamiento de la economía nacional.

Aunque Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma, el documento consignado por Venezuela invoca la tesis de la jurisdicción basada en los efectos, la cual establece que aunque los delitos se cometieron por un Estado no miembro los efectos nocivos se producen en el territorio del Estado Parte y afecta a la población civil de esa nación.

Para argumentar su demanda cita además diversos casos conocidos por la CPI donde la Fiscalía ratificó su competencia para investigar a nacionales de Estados que no son parte, por lo cual el ente si tiene competencia para juzgar a autoridades norteamericanas por la aplicación de esa medidas que afectan al pueblo.(Fuente:PL)