Brasilia, 24 abr (RHC) El Tribunal Regional Federal de la IV Región (TRF-4) rechazó las solicitudes de la defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y programó comenzar un juicio virtual en el llamado caso de Atibaia.

El juez federal Joao Pedro Gebran Neto, del TRF-4, objetó las peticiones de los abogados Cristiano Zanin y Valeska Teixeira sobre acceso a determinadas denuncias, tras una misteriosa decisión del Supremo Tribunal de Justicia que incluyó un juicio en el caso del apartamento triplex de Guarujá, en una sesión digital sin notificar a la defensa.

Como resultado, el caso Atibaia será escuchado por el octavo panel del TRF-4 a partir de este viernes, cuando posiblemente comience la audiencia virtual, en la que no hay debate entre los jueces ni apoyo oral de la defensa.

Los votos serán presentados hasta el 6 de mayo, tras el término de la deliberación.

Según las acusaciones en esta causa, Lula se benefició de obras por unos 235 mil dólares que las constructoras Odebrecht y OAS hicieron en una finca en Atibaia, en el interior del estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la estatal Petrobras.

La defensa de Lula pidió el 14 de abril que el juicio no se realice por las continuas gestiones y la complejidad del proceso.

Tales dificultades, explicó Zanin, recomiendan "el juicio en persona y con la posibilidad de intervención de nuestra parte para aportar aclaraciones de hecho". En febrero de 2019, Lula había sido condenado a 12 años y 11 meses por corrupción activa y pasiva, y lavado de dinero en primera instancia, inculpaciones que niega siempre.

Los fiscales alegan que la propiedad en Atibaia tuvo reparaciones por parte de empresas y fue entregada al exsindicalista como coima, imputación que el exmetalúrgico niega en todo momento.

Para Zanin, esta decisión repitió la sentencia de la causa del inmueble de Guarujá, también en Sao Paulo, otro punto que señala como irregular.

"Esto es más bien una ilegalidad, hay un principio según el cual nadie puede ser acusado, y mucho menos condenado por la misma hipótesis acusatoria", remarcó.

Un veredicto, en segunda instancia, no afectará la actual situación del expresidente, quien salió en libertad el 8 de noviembre tras cumplir 580 días de prisión por la condena en el expediente Guarujá.

También los fiscales consideran que en el apartamento, dentro de un condominio en ese lugar, las reformas realizadas por OAS formaban parte del pago del contratista al exgobernante por haberle favorecido supuestamente en los contratos con Petrobras. (Fuente: Prensa Latina)