Washington, 19 may (RHC) El despido del inspector general del Departamento norteamericano de Estado, Steve Linick, incrementa hoy las denuncias de que el presidente Donald Trump realiza una purga entre las figuras encargadas de vigilar la labor gubernamental.

Cuando el 15 de mayo el jefe de la Casa Blanca notificó a los líderes del Congreso que removería a Linick de su puesto, de inmediato surgieron muchas preguntas en torno a la decisión, por tratarse de una figura que estuvo vinculada al juicio político al cual fue sometido el gobernante republicano a principios de este año como resultado de sus interacciones con Ucrania.

Varias voces señalaron que el despido de Linick podía ser una represalia por algunas de sus acciones durante la actual administración, entre ellas entregar a los investigadores de la Cámara de Representantes documentos relacionados con el país europeo, y emitir un informe sobre tratamiento irrespetuoso y hostil por parte de líderes del Departamento de Estado.

Tras las primeras noticias sobre su salida del cargo, algunos medios reportaron que fue el secretario de Estado Mike Pompeo, quien recomendó al presidente dar ese paso, algo que confirmaron después el propio jefe de la diplomacia y el gobernante.

Las críticas al controvertido despido se incrementaron luego de difundirse este lunes que el equipo de Linick realizaba una pesquisa acerca de los esfuerzos de Trump para vender armas a Arabia Saudita sin la aprobación del Congreso.

La oficina estaba investigando, a petición mía, la declaración falsa de emergencia de Trump para poder enviar armas a Arabia Saudita, dijo en un comunicado el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Eliot Engel.

Todavía no tenemos la imagen completa, pero es preocupante que el secretario Pompeo quisiera que lo expulsaran antes de que este trabajo pudiera completarse, añadió Engel.

De acuerdo con la publicación Politico, un asistente del Congreso dijo que los funcionarios del Departamento de Estado fueron informados recientemente sobre las conclusiones de Linick en su investigación sobre las ventas de armas, y que Pompeo se negó a asistir a una entrevista con la oficina del inspector general sobre el tema.

Ello se unió a reportes de que Linick también conducía una indagación sobre denuncias de que Pompeo y su esposa pidieron un asistente político realizar mandados personales para ellos, los que incluyeron pasear a su perro.

Como resultado de la decisión de Trump, Engel anunció el lanzamiento de una pesquisa sobre el despido, como parte de la cual exigieron a la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la oficina del inspector general entregar todos los documentos relacionados con este hecho antes del próximo viernes.

Más allá de las críticas que generó este despido en particular, tanto entre demócratas como entre algunos legisladores republicanos, el movimiento de Trump provocó acusaciones de que el presidente busca anular la rendición de cuentas a partir de una purga de inspectores generales que considera insuficientemente leales.

Un análisis de The Washington Post mostró que el despido de Linick fue la tercera vez en seis semanas en que la administración anunciaba un viernes en la noche la salida de un inspector general, pues ya había ocurrido el 3 de abril con el de la comunidad de inteligencia, Michael Atkinson; y el 1 de mayo con el de Salud y Servicios Humanos, Christi Grimm.

El jefe de la Casa Blanca procedió de igual modo el 7 de abril con el inspector general interino del Departamento de Defensa, Glenn Fine; y el mismo 15 de mayo con el del Departamento de Transporte, Mitch Behm.

Las oficinas de los inspectores generales fueron introducidas en la década de 1970, tras el escándalo de Watergate, con el fin de garantizar la integridad y la responsabilidad en el poder ejecutivo, y vigilar posibles casos de fraude, abuso y despilfarros.

En una carta dirigida a  Trump, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, escribió que el despido de Linick 'es parte de un patrón que socava la integridad de los inspectores generales y, por lo tanto, de nuestro gobierno'.

El senador republicano Chuck Grassley emitió un comunicado en el que dijo que el Congreso requiere razones por escrito que justifiquen remover a un inspector general.

Su colega del partido rojo en la Cámara Alta, Mitt Romney, señaló en Twitter que los despidos de esas figuras no tienen precedentes, y hacerlo sin una buena causa 'es una amenaza para la democracia responsable y una fisura en el equilibrio constitucional del poder'.

En un editorial sobre este asunto, el diario The Boston Globe llamó al Congreso a usar su autoridad para obligar al presidente a dejar de explotar el poder de su cargo, al menos cuando se trata de lo relacionado con la supervisión independiente.

'El resto dependerá de los votantes en noviembre', suscribe la publicación.

(Prensa Latina)