Quito, 25 may (RHC) El gobierno de Lenín Moreno concretó las primeras etapas de un plan económico de ajuste que incluye los puntos rechazados por la población durante el Paro Nacional de octubre y noviembre de 2019.

El descontento ante las decisiones del Gobierno encabezado por Lenín Moreno vuelve a reinar en una amplia proporción de la sociedad ecuatoriana. El motivo no es solo la pandemia que costó la vida a más de 3 100 personas, sino el retroceso que esta podría dejar luego de los anuncios políticos de los últimos días.

Estos incluyen una reforma que flexibiliza el sistema laboral con afectaciones para trabajadores públicos y privados y la eliminación del subsidio a los combustibles. Esta última propuesta había sido anunciada en 2019 pero fue retirada por el Ejecutivo luego del repudio mostrado por la ciudadanía durante el Paro Nacional que tuvo lugar durante los meses de octubre y noviembre.

"El esquema de subsidios que conocíamos ha quedado eliminado y es algo que incluso ya lo han aceptado las autoridades económicas del país. Como es de conocimiento, esta abrupta eliminación, sin que el gobierno tenga un plan b y alineada con las directrices del Fondo Monetario Internacional, fue la gota que derramó el vaso de las fuertes movilizaciones de octubre del año pasado", explicó  Andrés Chiriboga, miembro del Observatorio de la Dolarización de Ecuador.

De acuerdo al investigador y docente del Instituto de Estudios Políticos de París y miembro del Observatorio de la Dolarización de Ecuador, en esta oportunidad la resistencia fue fuerte pero menor a la de 2019 porque los precios del petróleo están por debajo del promedio por lo que la política aún no se tradujo en un aumento de las gasolinas. Un cambio de coyuntura internacional podría modificar esto fuertemente y provocar un aumento significativo en el costo de vida de la población.

"El Gobierno determinó una banda que permite que el precio de la gasolina del diésel fluctúe para arriba y para abajo en función de un precio referencial. Ahora mismo ese precio ha bajado debido a que el costo del petróleo bajó. Sin embargo puede modificarse en función del comportamiento del crudo a nivel internacional. Esto significa que, no ahora, pero podrán haber aumentos con las repercusiones que esto puede tener en los bienes y servicios del país", señaló.

Mientras los indígenas, trabajadores y estudiantes realizaron una masiva protesta en Quito en contra de las medidas planteadas por el Gobierno.

"Jornada de protestas; el movimiento indígena respalda la organización obrera, estudiantil y de diversos sectores a nivel nacional por la defensa de los derechos, al Gobierno el pueblo le dice: ¡basta!", afirmó en Twitter la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

Según el diario local La Hora, gremios de trabajadores y colectivos estudiantiles se reunieron a los alrededores de la Caja del Seguro (centro de Quito) para manifestarse en contra de las medidas económicas implementadas por el Gobierno Nacional, principalmente, la reducción de jornada laboral y de salario.

Por su parte, los universitarios piden que no haya recorte de 98 millones de dólares destinado al pago de nóminas de docentes y administrativos de las instituciones de tercer nivel.

Los protestantes se movilizan usando mascarilla, gafas y guantes como medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19; sin embargo, el distanciamiento social no se mantiene.

Según el diario Última Hora, en la Plaza de Santo Domingo se registran enfrentamientos, Policía Nacional lanzó gas a los manifestantes.

    "Denunciamos que la Policía Nacional reprime a los manifestantes de las movilizaciones en el Centro Histórico de Quito", dijo en Twitter la Federación de Estudiantes Universitarios.

Asimismo, miles de trabajadores y campesinos se movilizan este lunes 25 en Guayaquil (oeste de Ecuador) contra las medidas anunciadas por el Gobierno.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) indicó en Twitter que exige el reintegro de los trabajadores despedidos, garantía en el presupuesto educativo, el fortalecimiento de la seguridad social y en contra de la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis derivada del COVID-19.

Fuente: Sputnik