Bogotá, 9 jul (RHC) Organizaciones sociales colombianas denunciaron el asesinato este jueves del líder indígena y gobernador suplente del resguardo Piguambi Palangala, Rodrigo Salazar.
De acuerdo con informaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el crimen ocurrió en el departamento Nariño, en el corregimiento de Llorente, del municipio de Tumaco, Colombia.
La noticia se conoció minutos más tarde, durante una audiencia pública “en la que participaban comunidades del Pacífico y la Procuraduría”, y en la que se estaba abordando, coincidentemente, la situación social y de orden público en la región.
Rodrigo Salazar era un líder de la comunidad indígena Awa destacado por su labor comunitaria y en defensa de los derechos humanos, siendo con anterioridad consejero de la guardia indígena en la zona del Pacífico.
Según declaraciones del gobernador del resguardo Piguambí Palangala, Jaime Cortez Pai, Salazar había denunciado con anterioridad amenazas contra él, mientras que una de sus hermanas fue asesinada años atrás.
Datos del Instituto colombiano de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) refieren que durante el primer semestre de 2020 fueron asesinados unos 157 líderes sociales y defensores de derechos humanos, principalmente del departamento del Cauca, donde 51 fueron ultimados.
Por su parte, un informe del Gobierno colombiano asegura que desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio pasado se han verificado 37 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras que aún restan 49 asesinatos por esclarecer.
Mientras a Marcha por la Dignidad, un movimiento contra los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), arribará el viernes 10 de julio a Bogotá, en repudio al Gobierno del presidente Iván Duque, por el abandono estatal.
La movilización pacífica inició el pasado 25 de junio desde diferentes regiones del país, el cual tiene como sitio de encuentro la capital colombiana, con el objetivo de rechazar lo que han calificado como el exterminio de líderes sociales, indígenas, campesinos, y afrodescendientes.
En ese sentido, diferentes organizaciones sociales han denunciado la falta de garantías democráticas por parte del Estado, para el ejercicio constitucional del activismo y participación política.
Fuente: Telesur
