Caracas, 16 jul (RHC) El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero, ratificó el compromiso del gobierno bolivariano de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado.
El diplomático denunció el informe donde se cuestiona el funcionamiento del Sistema de Justicia del país sudamericano y la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, pero aseguró que pese a ello Venezuela continuará respetando las libertades democráticas.
A juicio de Valero, los funcionarios de esa oficina emiten documentos sesgados y emplean el tema de los DDHH (derechos humanos) para agredir a esta nación.
Destacó además la solidaridad de la mayoría de las naciones, entre ellas las del Movimiento de Países no Alineados, y refirió que a la luz de ese informe hubo posturas importantes a favor del respeto a la soberanía de Venezuela por parte de China, Rusia, Irán, Siria, Cuba y Nicaragua, entre otras.
Asimismo, agradeció a Irán su solidaridad por el envío de cargueros con gasolina para coadyuvar a la industria petrolera de la nación, impactada por el bloqueo del gobierno de Estados Unidos e intensificado en medio del azote de la pandemia de Covid-19.
El Gobierno de Venezuela emitió un comunicado para rechazar y calificar de "tendencioso" el reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en el que se cuestiona la independencia del sistema judicial del país suramericano.
Para Caracas, el documento hecho por la oficina que dirige Michelle Bachelet es una "muestra palpable del doble rasero, la manipulación y el vergonzoso uso político de los mecanismos internacionales" de un grupo de países "hostiles a Venezuela".
En el texto se afirma que la ACNUDH "no tiene facultad legal, ni mandato alguno, para pretender evaluar el funcionamiento constitucional de los poderes públicos y el desarrollo de los sectores económicos en Venezuela".
Finalmente, el Gobierno "ratifica su voluntad de seguir cooperando" con el organismo, "siempre y cuando estas instancias eviten ser instrumentalizadas políticamente contra Estados soberanos e independientes".
Según este informe publicado la víspera, en Venezuela la "independencia del sistema de Justicia se ve considerablemente socavada", debido a que existen "estrechas relaciones" entre los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Gobierno.
Para esta oficina dirigida por Bachelet, "las víctimas de violaciones de los derechos humanos enfrentan grandes obstáculos para acceder a la Justicia", y se hace "uso continuado de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles". En el documento se sostiene que la ACNUDH "documentó 16 casos de tortura o malos tratos cometidos entre junio de 2019 y mayo de 2020".
Por otra parte, con relación a la extracción minera, se asegura que no se ha podido "determinar en qué medida el Gobierno ha logrado regularizar la actividad" que, según el escrito, en su "mayoría es controlada por grupos delictivos organizados o grupos armados".
Fuente: Hispantv
