Brasilia, 21 ago (RHC) El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó suspender la elaboración, por el Ministerio de Justicia, de expedientes de miembros de grupos antifascistas y de oposición al gobierno de Jair Bolsonaro, confirmaron hoy fuentes judiciales.

Por nueve votos a favor y uno en contra, la corte superior decidió de esta forma sobre la acción del partido Red de Sustentabilidad (REDE) que cuestiona la creación de dossiers respecto a la vida personal, la política y prácticas cívicas de 579 funcionarios.

Después del juicio, el ministro de Justicia André Mendonça declaró en una nota que el fallo del Supremo 'reconoce la importancia del ejercicio regular de la actividad de inteligencia como algo esencial para el Estado Democrático de Derecho y la seguridad de los ciudadanos'.

Mendonça admitió que su cartera, a través de la Secretaría de Operaciones Integradas, redactó un informe de inteligencia sobre el grupo de la Policía Antifascista.

Tal información fue confirmada a un portal de noticias por cuatro congresistas después de una sesión virtual de la Comisión Conjunta para el Control de las Actividades de Inteligencia del Congreso.

Los cuatro parlamentarios comentaron que el ministro intentó relativizar el documento, al decir que no era ni una investigación ni un expediente. 'Usó un eufemismo. El hecho es que está el informe', apuntó uno de los asambleístas.

Para el senador Randolfe Rodrigues, presente en la sesión, 'se demostró y caracterizó que vivimos un caso clásico de espionaje político del gobierno en relación con los opositores'.

De acuerdo con el columnista Jamil Chade, del sitio UOL, los dossiers llegaron a los relatores de las Naciones Unidas que se centran en la conducta del Ministerio de Justicia respecto al informe contra los antifascistas.

Indicó que una de las posibilidades es que Brasil sea colocado en una especie de lista negra de gobiernos que promueven la intimidación.

El articulista señaló que hasta ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha comentado el hecho de que el gesto de la administración de Bolsonaro entró en el radar de los relatores.

Alertó que la revelación llegó discretamente a la ONU y las personas que entregaron la información temen represalias del gobierno brasileño.

(Prensa Latina)