Abogado de Lula, Cristiano Zanin denuncia las fisuras en el sistema de justicia y el Estado democrático de derecho.
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Brasilia, 9 sep (RHC) Cristiano Zanin Martins, abogado del expresidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, denunció que su casa y su bufete fueron allanados en el marco de la operación Lava Jato para intimidarlo por su desempeño profesional.

En una nota publicada este miércoles, Zanin expresó su rechazo a la medida, dispuesta por el juez a cargo de Lava Jato, Marcelo Bretas, a quien acusó de estar políticamente motivado para tal modo de actuación.

"El juez Marcelo Bretas está notoriamente vinculado al Presidente Jair Bolsonaro y su decisión en el caso concreto está vinculada a la labor realizada en nombre de un denunciante asistido por abogados vinculados al senador Flavio Bolsonaro”, expresó el jurista.

"La iniciativa de autorizar la invasión de mi casa y mi bufete de abogados a petición de Lava Jato sólo puede entenderse como otro claro intento de intimidación por parte del Estado brasileño por mi trabajo como abogado, que durante mucho tiempo ha puesto de manifiesto las fisuras en el sistema de justicia y el Estado democrático de derecho", agrega Zanin en el comunicado.

El abogado amplió sus pronunciamientos calificando de "irrazonable" e "ilegal" la conducta del magistrado Bretas al autorizar la invasión del bufete de abogados y de su propia casa. Dijo que el juez federal, no tiene competencia para ocuparse de los pagos efectuados por una entidad privada.

"El asunto es competencia de la Justicia del Estado, según la jurisprudencia pacífica de los tribunales, incluido el Tribunal Superior de Justicia", dijo, a la vez que acusó a Bretas de promover un "espectáculo impropio".

Zanin citó un informe preparado en 2018 por auditores independientes, que indicó que todos los servicios prestados por su bufete entre 2011 y 2018 están debidamente documentados en un sistema auditable.

El jurista acusó a la Policía Federal brasileña de lanzar la operación para intimidar a la defensa de Lula, bajo la justificación de investigar un supuesto esquema de tráfico de influencias en el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Cuentas de la Unión con apropiación indebida de recursos públicos. (Fuente:Telesur)