Represión en Senkata y Sacaba en el 2019. Foto: Observadores críticos
La Paz, 23 nov (RHC) Una misión internacional inició en Bolivia, y por un período de seis meses, la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos en el país durante septiembre a diciembre de 2019, tras el golpe de Estado contra Evo Morales, en particular las masacres de Senkata y Sacaba.
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el Gobierno del presidente de Luis Arce mantiene el compromiso de entregar toda la información solicitada, agregando que “queremos que en este proceso sean escuchados todos los bolivianos sin importar su visión política, sin importar su origen social”.
Los expertos elaborarán planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales producidas tras la asonada golpista contra el entonces mandatario Evo Morales.
De acuerdo con el ministro, “el mandato que tienen es amplio, es analizar todas las violaciones de derechos humanos, no va haber materia excluida y que esté tildada de estar referida solamente a una visión política. El compromiso que tenemos es que las Fuerzas Armadas, la Policía y el Órgano Judicial les entreguen toda la información y que la población y el país pueda hablar con ellos".
Asimismo, propondrán la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones y realizarán un análisis técnico con recomendaciones para un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos investigados.
El grupo de investigación estará integrado por cinco peritos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El trabajo de estos especialistas "no está limitado a hechos específicos y puede alcanzar distintos actos de violencia y violación a los derechos humanos cometidos durante el periodo asignado", ha explicado la propia CIDH en un comunicado.
Este lunes comenzaron a trabajar los seis expertos nombrados por la CIDH para investigar la violencia desatada en el marco de las protestas postelectorales ocurridas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año.
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia determinó la apertura de un juicio a la presidenta de facto, Jeanine Áñez, por las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), donde murieron 37 personas, la mayoría de ellas por impacto de bala.
Tras la renuncia forzada de Evo Morales, en noviembre de 2019, las fuerzas militares reprimieron violentamente manifestaciones realizadas en Senkata, en El Alto, contigua a La Paz, y Sacaba, en el departamento Cochabamba.
En esas operaciones militares y policiales murieron 37 personas, 27 de las cuales fallecieron por impactos de balas.
Fuente: Telesur
