Brasilia, 25 nov (RHC) El juez Ricardo Lewandowski, del Supremo Tribunal Federal (STF), reiteró su orden de que la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva acceda a documentos de la empresa Odebrecht que se refieran o citan directamente al expresidente brasileño.

Lewandoswski pidió nuevamente que el 13 Juzgado Federal Penal de la sureña ciudad de Curitiba, responsable de las acciones de la operación Lava Jato, ponga a disposición de los abogados de Lula todos los pliegos relacionados con los acuerdos de indulgencia de la Fiscalía con Odebrecht.

Según su veredicto, la acción de la Lava Jato que acusa al exdirigente obrero de supuesta corrupción y lavado de dinero en el caso del Instituto Lula será suspendida.

Reafirmó que la corte superior 'emitió una determinación clara y directa de que el tribunal de origen debe conceder al demandante un acceso amplio, incondicional -y no fragmentado y selectivo- a todos los datos e informes del expediente y sus anexos o apéndices, excepto los relativos a procedimientos en curso, que, cabe subrayar, ya no existen'.

El ministro también hizo una dura crítica al Ministerio Público Federal (MPF) que trata de suprimir el derecho de defensa de exgobernante, garantizado por la Constitución.

Ordenó una citación del MPF Federal para informar, en el plazo de 60 días, si, de hecho, no existen -o si fueron suprimidos- registros de los procedimientos realizados por fiscales de Curitiba con autoridades e instituciones extranjeras, así como los relativos a los demás datos requeridos por la defensa.

Recientemente quedó al descubierto la existencia de pactos ilegales, al margen de la legislación brasileña, entre la Lava Jato y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos).

Teniendo en cuenta investigaciones, Lula habría recibido 12 millones de reales (cerca de 2,4 millones de dólares) de Odebrecht como soborno.

Pero los abogados del exjefe de Estado alertan que la imputación de la Lava Jato no se basa en planillas originales, sino en una copia del material entregado por la propia empresa.

Los juristas, incluso, advierten que los documentos fueron manipulados por la compañía constructora.

(Prensa Latina)