Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela
Caracas, 30 dic (RHC) Diputados opositores presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela contra las pretensiones de un sector político de extender la vigencia de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral).
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, recibió a los demandantes en la Sala Constitucional, donde se dará curso legal a la demanda contra la reforma del llamado Estatuto para la Transición a la Democracia, instrumento sin sustento legal aprobado el pasado año por el órgano legislativo en desacato.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró la nulidad de la reforma del estatuto de transición a la democracia, que aprobó la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), liderada por el opositor Juan Guaidó, para extender sus funciones por otro año.
"La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos de la presunta reforma parcial del estatuto que rige la transición a la democracia (…) emanado de un grupo de diputados a la Asamblea Nacional, en usurpación de su junta directiva y simulando una sesión de dicho órgano, por colidir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", señala el comunicado emitido por el TSJ.
El pasado 26 de diciembre, un grupo de parlamentarios aprobó y sancionó la reforma parcial del estatuto de la transición, para seguir sesionando más allá del 5 de enero de 2021, fecha en la que se instalará la nueva Asamblea Nacional, electa el pasado 6 de diciembre.
Los parlamentarios Oscar Ronderos, José Gregorio Correa y Ezequiel Pérez solicitaron la urgente declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad de la reforma, mediante la cual la facción política liderada por Juan Guaidó pretende extender el período de funcionamiento del Parlamento más allá del 5 de enero.
Antes de la autoproclamación de Guaidó como presidente encargado el 23 de enero de 2019, la Asamblea Nacional en desacato votó el 5 de enero lo que dieron en llamar Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El documento, aunque nulo y no vinculante, trazó la hoja de ruta para concretar el cambio de régimen promovido desde Estados Unidos en complicidad con la extrema derecha venezolana.
En otro acto sin validez jurídica alguna, el cabecilla opositor y los diputados que aún lo acompañan decidieron prolongar un año más la vigencia de la actual legislatura, la cual cesa sus funciones el 5 de enero con la instalación del Parlamento electo el 6 de diciembre último.
Las maniobras para extender el período legislativo pasan por la necesidad de investir de un halo de legalidad el pretendido gobierno interino de Guaidó, reconocido por la administración estadounidense de Donald Trump como presidente encargado.
El supuesto gobierno paralelo de Guaidó desempeñó un rol protagónico desde enero de 2019 en la estrategia impulsada desde Washington para generar un cambio de régimen en la nación sudamericana, y sirvió de pretexto para despojar al Estado venezolano de miles de millones de dólares en activos internacionales.
A pesar de las presiones externas para boicotear el proceso, unido a la complicada situación económica y los reiterados llamados a la abstención, Venezuela celebró elecciones parlamentarias, signadas por el abrumador triunfo de la alianza del Gran Polo Patriótico, la cual conquistó 253 escaños de 277 en la Asamblea Nacional.
Fuente: Prensa Latina
