Audiencia sobre asesinatos masivos de integrantes de la Unión Patriótica colombiana.
San José, 9 feb (RHC) La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició una audiencia pública virtual, considerada "histórica", por una demanda contra el Estado de Colombia por el exterminio de más de 6.000 miembros del partido Unión Patriótica (UP).
Esta comparecencia llega después que hace 28 años desde se introdujera el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y forma parte del 139 período ordinario de sesiones de la Corte, que se realiza en San José de Costa Rica.
Durante esta semana se recibirán los alegatos y observaciones orales sobre las excepciones interpuestas por Colombia y sobre las eventuales reparaciones para las víctimas.
El proceso señala al Estado colombiano de ser el responsable de masacres, asesinatos, desapariciones, exilios, atentados y amenazas en contra de la militancia del partido político conformado en 1985, tras un acuerdo de paz entre el expresidente Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), de acuerdo a la información suministrada por la organización en defensa de los derechos humanos Reiniciar, que lleva adelante el proceso.
La audiencia, en la cual como víctimas declaran la presidenta de la UP y senadora colombiana Aída Avella, quien se referirá al contexto donde se desarrollaron los hechos de exterminio, las denuncias hechas ante las autoridades y sus respuestas, así como los impactos sobre los miembros de la agrupación política izquierdista que aglutinaba al Partido Comunista y a otros movimientos sociales.
Declararan familiares de militantes asesinados entonces para referirse a las "prácticas de amenazas y estigmatización" que habrían sufrido y los cuales culminaron con el homicidio de varios cientos de ellos.
En marzo próximo, las partes tendrán otra oportunidad para presentar sus alegatos finales de manera escrita. A partir de allí, se espera que la Corte emita su sentencia, sin que haya aún una fecha prevista para anunciar tal decisión. Después se iniciaría la etapa de implementación de la misma.
Antes de que la UP se constituyera como movimiento político se produjo una serie de asesinatos de sus miembros.
Previo a su primera participación electoral, ya se contabilizaban 247 víctimas entre militantes, activistas, dirigentes y candidatos y en 1986, tras las elecciones parlamentarias, fueron asesinados tres de los legisladores elegidos. Un año después fue ultimado el primer candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, y en 1990 fue asesinado Bernardo Jaramillo Ossa, el segundo.
(Telesur)
