Caracas, 26 mar (RHC) El Gobierno de Venezuela demandó a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la imposición de medidas coercitivas unilaterales, las cuales incumplen las normas internacionales para el intercambio.
Al intervenir en la sede de la OMC en Ginebra, en una reunión que luego se pospuso, el canciller Jorge Arreaza expuso la posición de su gobierno y aseguró que "más temprano que tarde, Venezuela derrotará con el derecho lo que Estados Unidos pretende imponer por la fuerza".
Las declaraciones de Arreaza llegaron a propósito de una reunión mensual del órgano de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) la cual tuvo este viernes que ser cancelada, algo muy poco habitual, por desacuerdos entre Estados Unidos y Venezuela acerca de la inclusión en la agenda del conflicto comercial entre ambos.
La reunión fue suspendida raíz de que Estados Unidos solicitara en el inicio del encuentro retirar de la agenda esta disputa bilateral por no provenir del "legítimo Gobierno de Venezuela", en alusión al Gobierno de Nicolás Maduro.
La delegación venezolana insistió en que estaba en su derecho de llevar la cuestión al seno de la OMC, y se inició con ello un debate en el cual países como Cuba o Rusia expresaron su apoyo a Venezuela mientras otros como Perú, Brasil o Colombia se posicionaron del lado estadounidense.
El órgano de resolución de disputas finalmente decidió suspender el encuentro para dar un margen de tiempo en el que prosigan las consultas de cara a su próxima convocatoria, el 28 de abril. Es la primera reunión del órgano de resolución de disputas desde la llegada a la dirección general de la OMC de la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, el 1 de marzo.
A mediados del presente mes, el Estado venezolano consignó además ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) nuevos documentos en torno a la demanda presentada contra el Gobierno estadounidense ante el impacto de las denominadas sanciones.
En tal sentido, Venezuela presentó los informes emitidos por la relatora especial de la ONU Alena Douhan y la Oficina estadounidense de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) sobre los efectos de las medidas coercitivas.
Esta información se entregó para actualizar la fundamentación de la remisión presentada por Caracas ante la CPI en febrero de 2020, en la cual denunció la implementación de acciones de asfixia económica como crímenes de lesa humanidad.
Fuente: Telesur
