Imagen de archivo/RHC

Lima, 8 abr (RHC) El expresidente peruano, Martín Vizcarra, quedó a punto de ser inhabilitado por 10 años para ejercer funciones estatales, tras aprobar la Comisión Permanente del Parlamento un informe que recomienda esa sanción.

La medida, aprobada por unanimidad de los 26 integrantes del grupo, impediría a Vizcarra ocupar el escaño congresal al que se postuló, con posibilidades de éxito, en las elecciones generales del domingo próximo con el grupo centroderechista Somos Perú.

Según el informe de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobado, el exmandatario cometió diversas violaciones a la Constitución, al hacerse inocular la vacuna Sinopharm de China en proceso de ensayos clínicos con excedentes de las pruebas realizadas en el país.

Vizcarra recibió el entonces proyecto de antídoto, al igual que su esposa y uno de sus hermanos, y alega que lo hizo para aportar a los ensayos, lo cual fue desmentido por el responsable de los experimentos.

La inhabilitación solo está pendiente de la aprobación del pleno congresal y la titular del Parlamento, Mirtha Vásquez, dijo que el consejo directivo del Congreso considerará convocarlo para mañana, a fin de tomar la decisión final sobre el caso.

La Comisión Permanente aprobó además la inhabilitación, también por vacunarse, de las exministras de Salud, Pilar Mazzetti, por ocho años, y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, por un año.

En el debate, el exgobernante recibió duras expresiones de condena y epítetos como el de traidor, corrupto y culpable de las decenas de miles de muertes por Covid-19.

Vizcarra alegó que es víctima una maniobra para impedirle ejercer su derecho a ser elegido legislador y para ello la mayoría parlamentaria lo procesó velozmente, con la violación de hasta 13 derechos constitucionales.

'Tenemos el derecho constitucional de postular y ser elegidos y que el pueblo decida y 100 personas no me van a quitar ese derecho. Nos vamos a defender en instancias nacionales e internacionales', manifestó.

Mazzetti y Astete calificaron como un error haberse vacunado y negaron los cargos de violación constitucional.

'La magnitud del trabajo realizado desde el año pasado no se contradice con la propuesta de sanción, no se advierte siquiera sentido de proporcionalidad y refleja en realidad un fenómeno de arrastre en un contexto político donde parece primar el interés por aplicar sanciones', dijo la extitular de Salud.

Astete, a su vez, negó haber favorecido a la empresa Sinopharm en las negociaciones para adquirir vacunas y señaló que lo contratado con esa firma, un millón de dosis, es solo una pequeña parte de los acuerdos de adquisiciones logrados. (Fuente:PL)