Berta Cáceres, su asesinato aún continúa impune. (Imagen de archivo/RHC)

Tegucigalpa, 2 jun (RHC) Una misión de observadores internacionales instó al Gobierno de Honduras a apurar el esclarecimiento del asesinato, hace cinco años, de la activista medioambiental, Berta Cáceres, ante la aparición de nuevos indicios de complicidad del principal implicado, David Castillo, acusado de ser el autor intelectual del crimen.

"La Misión de Observación Calificada hace un llamado a las autoridades hondureñas a tomar las medidas necesarias de manera inmediata para esclarecer los hechos denunciados en la Causa Berta Cáceres, y así enviar una fuerte señal que los crímenes contra quienes defienden los derechos humanos no serán tolerados".

David Castillo es señalado como el organizador del asesinato de la lideresa, el 3 de marzo de 2016, para acabar con la resistencia popular contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

La misión expresó su preocupación por el derecho a la verdad en los hechos que llevaron al asesinato de la fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y ganadora en 2015 del Premio Goldman, una especie de Nobel de la defensa ambiental.

De igual manera, la misión señala que las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio contra Castillo, han revelado "indicios de complicidad criminal de otros actores en el hostigamiento de Berta Cáceres, el Copinh, y la comunidad de Río Blanco, y en la planificación y logística del asesinato".

Según la nota, hay indicios de acciones de dudosa legalidad cometidas por funcionarios públicos, así como de la coordinación de la presunta estructura ejecutora del asesinato con la familia Atala Zablach, dueña de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyo gerente era Castillo.

"Tales revelaciones apuntan a la necesidad de seguir investigando posibles delitos relacionados con el asesinato, cometidos por personas que aún no han sido procesadas", exige la misión, que considera la causa Berta Cáceres un caso emblemático para Honduras y toda la región.

Según los observadores, la impunidad "estructural" contribuye de manera significativa al aumento de la violencia contra las mujeres y las personas defensoras de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente

El Copinh denuncia, por su parte, que la defensa de Castillo se dedicó a dilatar el juicio oral iniciado el 6 de abril, y suspendido, en total, 11 veces; el cual es la continuación de un proceso anterior (2018), que concluyó con la condena de siete hombres por el asesinato de Cáceres: cuatro sicarios, un empleado, un exempleado de DESA y un mayor en actividad de las Fuerzas Armadas.  (Fuente:Telesur)