Beijing, 10 jun (RHC) La Asamblea Popular Nacional de China (Parlamento) aprobó una ley que protege a sus compañías de las sanciones unilaterales de gobiernos extranjeros, en medio de tensiones renovadas con Estados Unidos en lo económico-comercial y tecnológico.
El texto estuvo desde principios de esta semana bajo revisión del Legislativo, que lo calificó de un paso necesario porque garantiza a Beijing un soporte legal fuerte y las herramientas ante la postura discriminatoria de Washington y otras potencias de Occidente.
La norma exime a las firmas e individuos del gigante asiático de reconocer y cumplir con las acciones consideradas injustificadas y extraterritoriales, y facilita la presentación de demandas por daños ante los tribunales chinos.
También contempla el apoyo del Estado a los afectados y da poder a Ministerio de Comercio para evaluar y anular cualquier sanción foránea.
Las reglas buscan contraatacar en defensa de la seguridad nacional, soberanía, intereses de desarrollo de China, así como de los derechos de sus ciudadanos, entidades jurídicas y organizaciones, recientemente acotó al respecto ese despacho.
El país asiático dio este paso en medio de nuevas fricciones con Estados Unidos, pues la Casa Blanca endureció la semana anterior más su política hacia Beijing con restricciones a negocios con 59 corporaciones, incluido Huawei.
El martes pasado, el Senado norteamericano dio luz verde a una ley que destina más de 170 mil millones de dólares a la investigación y desarrollo tecnológico, con la idea de animar a las firmas locales a producir semiconductores en su suelo, alentar la competencia y contrarrestar el auge de China.
Meses atrás, Beijing adoptó un mecanismo para castigar a empresas e individuos extranjeros considerados no fiables por incurrir en actos que violen los principios del mercado al cortar las transacciones normales con sus compañías, organizaciones y ciudadanos.
Ello implicará para las corporaciones enfrentar multas y barreras a invertir aquí y participar en el comercio exterior.
En el caso de las personas, se les impediría o limitaría la entrada al país y revocaría el permiso de residencia.
(PL)
