Imagen de archivo/RHC

Quito, 22 oct (RHC) La Secretaría de Comunicación de la presidencia de Ecuador confirmó que el primer mandatario, Guillermo Lasso, responderá ante la Fiscalía en el proceso investigativo relacionado con el informe Pandora Papers.

En un comunicado difundido en redes sociales, la instancia aseguró que ante la apertura de la indagación previa por el presunto delito de defraudación tributaria, el dignatario respeta el accionar de todas las instancias judiciales del Estado.

Seguidamente, recalcó que Lasso 'responderá ante los órganos pertinentes para reiterar el cumplimiento de la ley y transparencia en todas sus acciones, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores'.

Finalmente, el texto señala que el jefe de estado continuará en sus labores para atender necesidades de los ecuatorianos como la seguridad y la generación de oportunidades.

El comunicado desde la presidencia fue difundido horas después del anuncio de la investigación previa por parte de la Fiscalía general del Estado, proceso que tomará al menos un año.

La pesquisa responde a una denuncia presentada por el excandidato a mandatario Yaku Pérez, a raíz del estudio Pandora Papers, publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a principios de este mes.

De acuerdo con el informe, numerosas figuras mundiales del sector de la política y la cultura, entre otros, aparecen en una lista por tener empresas y fondos en países considerados paraísos fiscales.

El estudio revela que Guillermo Lasso tuvo al menos 14 compañías offshore, la mayoría en Panamá, de las cuales disolvió 11 en 2017, previo a postularse para la presidencia de la república, lo cual fue ratificado por el gobernante.

Sobre las tres restantes, insiste en que no tiene relación con ellas, además de recalcar en su cumplimiento de pago de impuestos según lo estipulado.

Con el proceso recién iniciado la Fiscalía delimitará si hay elementos de convicción suficientes.

El delito de defraudación tributaria implica simular, ocultar, omitir, falsear o engañar para dejar de pagar en todo o en parte las contribuciones debidas, en provecho propio o de un tercero.

La pena en esos casos podría ser desde uno hasta cinco años de prisión. (Fuente:PL)