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Lima, 3 nov (RHC) El jefe del partido de derecha extrema Renovación Popular, Rafael López Aliaga, admitió este martes la intención de cesar al presidente de Perú, Pedro Castillo, y dijo que estudia varias opciones legales para hacerlo.

El acaudalado empresario, citado en Internet por el programa de televisión Panorama, se refirió a la búsqueda de un procedimiento legal para poner fin al mandato de Castillo, elegido en junio pasado y que hace unos días cumplió tres meses en el cargo.

Mencionó una investigación de (la exparlamentaria) Yeni Vilcatoma contra la fórmula de postulación presidencial de Castillo, secundado por Dina Boluarte como única candidata a la vicepresidencia, lo cual sería supuestamente ilegal, aunque las autoridades electorales lo validaron.

Otra opción, según dijo, es la ruta del Congreso que tiene potestad de decretar la vacancia del presidente por “incapacidad moral permanente”, concepto cuya vaguedad determina que un jefe de Estado pueda ser destituido con los votos de una mayoría calificada.

Insistió en el fracasado argumento de la nulidad de la elección de Castillo por un alegado fraude electoral, carente de sustento según el Jurado Nacional de Elecciones.

“Hay colaboradores eficaces (delatores) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, no puedo revelar sus nombres, que me han contado varías modalidades de fraude que hemos sufrido en la campaña”, reveló.

Las declaraciones recogidas por Panorama tienden a acentuar la convicción de los partidos progresistas, de que, pese a los esfuerzos oficiales de concertación con los opositores en aras de la gobernabilidad, persiste la intención de vacar a Castillo, lo cual grupos de choque derechistas reclaman constantemente.

De otro lado, la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, grupo también de extrema derecha, calificó como “actos terroristas” una serie de protestas sociales que en algunos casos han tomado medidas de fuerza.

Lo dijo en el contexto de una campaña de sectores ultra-conservadores, en redes y medios de prensa, que acusan al Gobierno de promover o provocar las protestas como parte de supuestos planes de asumir el control total del Estado, aunque los análisis políticos señalan que se trata de una administración débil.

Demandó al presidente Castillo a pronunciarse “frente a estos actos terroristas en todo el país” que, dijo, generan inestabilidad y alejan a la inversión privada. (Fuente: Prensa Latina).