Quito, 16 dic (RHC) El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció este jueves el injerencismo del embajador de Estados Unidos en la nación suramericana, Michael Fitzpatrick, quien el pasado lunes expresó a un medio local su preocupación por la penetración del narcotráfico en el país y comunicó su decisión de cancelar las visas estadounidenses a quienes llamó “narcogenerales”.
A través de su cuenta en Twitter, Correa cuestiona que “el ‘embajador’ lanza públicamente una impertinencia diplomática, y en lugar de que se vaya el ‘embajador’, se van los generales”.
El exmandatario preguntó: “¿Saben cuánto cuesta al país preparar un general?” A continuación, aseveró: “regresamos al pasado y a los gobiernos de la vergüenza”.
Los comentarios de Correa recibieron el apoyo de numerosos usuarios de redes sociales, quienes suscriben su parecer sobre el injerencismo de Fitzpatrick. Otros internautas llamaron la atención sobre el deber de instituciones ecuatorianas, en lugar de foráneas, de investigar cualquier presunta irregularidad.
En sus declaraciones a la prensa local, el representante de Washington no identificó a los oficiales presuntamente vinculados a actividades ilícitas. Alegó que no lo hacía porque están bajo investigación.
Con posterioridad, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso solicitó a EE.UU. la entrega de información precisa para investigar la denuncia (específicamente el nombre de los oficiales), sin hacer observación alguna sobre las declaraciones de Fitzpatrick.
Además, solicitó a la Contraloría que se auditen los patrimonios y bienes de los 19 generales que integran la cúpula policial del país, quienes previamente pusieron sus cargos a disposición de Lasso para que este resuelva si los cesa.
Esta solicitud fue presentada la víspera por la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y la comandante general de la Policía Nacional, Tanya Varela.
En medio de esta incertidumbre, la embajada de EE.UU. retiró el martes la visa al general Víctor Arauz, recién reintegrado a la Policía junto a otros tres generales por orden judicial. (Fuente/Telesur)