Más de 2.000 personas se encuentran en Cali buscando apoyo y respaldo del Gobierno local. (Foto: El Tiempo)
ondres, 26 ene (RHC) Por lo menos unas 2.000 personas llegaron a la ciudad colombiana de Cali (departamento de Valle del Cauca, al oeste) como parte de la ola de desplazamiento forzados que se vive en el país suramericano en medio de la violencia agudizada desde el inicio del año.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo aseguró que urge la atención a los desplazados de Buenaventura, ante la situación de riesgo por cuenta de las acciones de grupos armados en el distrito.
De acuerdo a Camargo, se trata de más de 2.000 personas las que se encuentran en Cali buscando apoyo y respaldo del Gobierno local. Las comunidades han salido principalmente del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, por la presencia y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales como el Clan del Golfo.
Según la Defensoría Regional del Valle se han atendido al menos dos hechos recientes de desplazamiento hacia Cali. El primero, el de 11 familias indígenas Wounan que salieron de sus territorios ante las amenazas e intimidaciones recibidas, así como la llegada de por lo menos 60 familias provenientes del Consejo Comunitario del Bajo Calima.
La Personería de Cali señaló que considera posible que más familias lleguen a la urbe “debido a la agudización de la situación de seguridad en estas zonas del departamento, lo cual implica la necesidad de la actuación articulada y efectiva por parte de las autoridades locales y regionales”, según la entidad.
Estas familias permanecerán en albergues temporales mientras se analiza su situación y se realiza el censo respectivo.
Ya el viernes de la semana pasada, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) reportó la existencia de más de 400 familias desplazadas y más de 1.500 personas necesitadas de protección internacional como víctimas de desplazamiento debido a la violencia que afecta otro departamento colombiano, el de Arauca (noreste), también en medio de la violencia.
La OCHA y la Defensoría señalan que ello implica riesgos adicionales y dificultades de acceso por parte de las instituciones y de organizaciones humanitarias hacia las comunidades, impidiendo o limitando una respuesta frente a las necesidades de la población. (Fuente:Telesur)
