Foto tomada de El Universo.

Quito, 22 feb (RHC) La Asamblea Nacional de Ecuador censuró y destituyó este martes a la superintendente de bancos Ruth Arregui, al considerar que incumplió las funciones asignadas por la Constitución y la ley.

La medida la adoptó el pleno del parlamento con 85 votos afirmativos, tras concluir que la funcionaria descuidó su obligación de controlar al sistema bancario y financiero, así como por la falta de respuesta a las quejas y reclamos de los clientes frente a supuestos abusos de las entidades bancarias del país.

El asambleísta de la bancada de Pachakutik, Darwin Pereira, fue quien impulsó el proceso, basados en alrededor de ocho causales.

Durante la sesión, Pereira y Alexandra Arce, en su calidad de interpelantes, señalaron que Arregui falló al permitir inseguridad en el sistema financiero, así como al no ejercer sus atribuciones de control, fiscalización y supervisión.

“Miles de ecuatorianos fueron perjudicados por la banca y no recibieron ninguna respuesta de la Superintendencia de Bancos, tampoco actuó oportunamente para proteger a la ciudadanía frente a la captación ilegal de dinero, a través de la denominada estructura Big Money”, resaltó Pereira.

Por su lado, la exsuperintendente aseguró, en su defensa, que no hubo incumplimiento de funciones, y su actuación ha sido transparente, con responsabilidad y honestidad, al servicio del país.

“He cumplido con lo previsto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, en lo que tiene que ver con el control y supervisión del sistema financiero nacional. Por ello, ninguna de las ocho causales propuestas por el solicitante para este juicio político tiene fundamento”, insistió.

En el debate intervinieron al menos 12 parlamentarios de diferentes bancadas, quienes argumentaron su respaldo al pedido de juicio político.

La resolución incluye la notificación de la censura al Ministerio de Trabajo, a fin de que se inscriba la prohibición a Arregui para ejercer cargo público por los próximos dos años.

El legislativo también decidió que se remita el expediente del juicio político a la Fiscalía General y a la Contraloría General del Estado para las investigaciones correspondientes, en el ámbito de sus competencias. (Fuente: Prensa Latina).