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Lima, 10 ago (RHC) El presidente peruano, Pedro Castillo, ratificó este miércoles la decisión de mantenerse en el cargo, pese a las presiones y las amenazas del Parlamento opositor de cesarlo y a las investigaciones de presunta corrupción que afronta.

“No me voy a desligar de este pueblo que por siglos reclama justicia”, dijo ante cientos de dirigentes de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, organizaciones tradicionales de seguridad comunitaria, que lo visitaron en el Palacio de Gobierno y le dieron su apoyo frente a los intentos opositores.

En alusión al Congreso opositor, aseveró que desde el inicio de su Gobierno, hace poco más de un año, pidió diálogo y concertación al legislativo, pero este tiene otra agenda, por lo que en adelante trabajará “con el pueblo y sus organizaciones”.

Castillo manifestó que los ronderos tendrán un lugar en su Gobierno y que tiene lista una medida que prefirió mantener en reserva, a tiempo de derechizar la persecución y criminalización de los integrantes de las rondas, muchos de ellos detenidos.

Negó las acusaciones mediáticas y políticas de secuestro contra los ronderos, cuya facultad de retener a infractores de la ley es reconocida por la legislación peruana.

Aseguró que pondrá en marcha la anunciada reforma agraria -de apoyo financiero y técnico a los agricultores pequeños- y obvió referirse a otras demandas traídas por los ronderos llegados de diversas regiones del país.

Esos reclamos fueron resumidos por el dirigente rondero Marino Flores, presidente de la Asamblea Nacional de los Pueblos, que agrupa a organizaciones sociales y fuerzas políticas progresistas, y representante de las rondas en el bloque de organizaciones agrarias.

Flores condenó los intentos de destituir a Castillo y planteó entre las demandas el cierre del Congreso opositor (solo posible si el legislativo censura a dos gabinetes ministeriales), la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva carta magna en reemplazo de la neoliberal vigente.

También expresó el rechazo a una ley aprobada por el Congreso que autoriza a usar armas suministradas por empresas u otras fuentes, a los Grupos de Autodefensa creados décadas atrás contra los grupos alzados en armas, lo cual rechazan también el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.

Demandó el cumplimiento de las promesas electorales de medidas de cambio profundo y fustigó a los dirigentes de extrema derecha y cuestionó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por lo que llamó ensañamiento con Castillo, a quien ya abrió cinco investigaciones por presunta corrupción. (Fuente: Prensa Latina).