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Ciudad de Panamá, 12 sep (RHC) Una polémica audiencia preliminar comenzó este lunes en Panamá sobre el caso Odebrechet, considerado el proceso más connotado en la lucha contra la corrupción, con la certeza de que la vista no sería pospuesta nuevamente.

El pasado 18 de julio, debido a varios inconvenientes presentados por abogados de la defensa, incluidos temas médicos, la Jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, se vio obligada a prorrogar la vista para su fecha alterna: del 12 al 30 de septiembre.

En la primera sesión, la letrada tuvo que aclarar que no procede la recusación presentada en su contra por representantes de acusados como el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014).

Marquínez precisó que según el Código Judicial, no existen méritos ni fundamentos de derecho para suspender el acto de audiencia, por la existencia de una recusación promovida en su contra.

También precisó que en el caso del exgobernante ya se declaró en una resolución de 2021, que no aplica el principio de especialidad, que pretendía usarse como justificante para no ser procesado.

Sobre este tema la fiscal anticorrupción a cargo del caso, Ruth Morillo, confirmó que el principio de especialidad alegado por Martinelli Berrocal “no es permanente ni inmutable».

Es una protección temporal que finaliza cuando se cumple una de las excepciones, y luego citó pronunciamientos de otros tribunales superiores, como la Corte Suprema de Justicia que anuló esa figura.

La audiencia comenzó una hora después de lo pactado, debido a preparativos para que por videoconferencia participaran los dos hijos del multimillonario, Ricardo Alberto y Luis Enrique, condenados a tres años da cárcel en Estados Unidos.

En diciembre último en un tribunal de Nueva York, los dos se declararon culpables de recibir coimas de la constructora brasileña por unos 28 millones de dólares, pero por indicación de su progenitor, según sus testimonios anteriores.

Los Martinelli Linares al final declinaron de su participación virtual en la vista pública.

Morcillo por su parte, reiteró que solicitó el llamamiento a juicio para 50 personas, “porque hay suficientes elementos que van a permitir sancionarlas, incluidos exfuncionarios públicos, por lucrar con el dinero de la empresa”, remarcó.

El expediente de esta investigación que data de 2015 tiene casi tres mil tomos que maneja la Fiscalía y vincula a 83 imputados y la compañía Importadora Ricamar, por blanqueo de capitales y a otras tres personas por corrupción de servidores públicos.

Sin embargo, analistas estiman que tras siete años de haberse presentado la primera denuncia contra Odebrecht por el abogado Alvin Weeden, lo que más preocupa ahora a la ciudadanía y a la misma justicia es la prescripción de los cargos que se imputan.

Para expertos como Carlos Basallo, “ el caso Odebrecht no es solo el juicio que hará el país a una empresa, sino que es al mismo tiempo el juicio que le hace la sociedad panameña a la administración de justicia y de paso, el que se hace la sociedad panameña a sí misma”.

También indicó que más allá de la impunidad, ahora el mayor desafío de la justicia es demostrar que no es selectiva, y que puede juzgar a los poderosos, “no solo a los que ostentan el poder político coyuntural, sino a los que tienen el poder económico permanente”.

Odebrecht protagonizó el escándalo de corrupción más grande del continente y admitió ante las autoridades de Estados Unidos haber pagado cifras millonarias en sobornos en una docena de países, casi todos en África y Latinoamérica, por lo que se le impuso una multa de dos mil 600 millones de dólares.

En Panamá, la empresa y la Fiscalía acordaron en 2017 que la compañía pagaría al Estado unos 220 millones de dólares en un plazo de 12 años.
(Fuente: Prensa Latina).