El cálculo de Fernando Camacho y sus seguidores es “netamente político”, pues solo busca “atentar contra la democracia,
la economía y el desarrollo del país”. (Foto:PL)

La Paz, 26 oct (RHC) El dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Indígenas Originarios de Santa Cruz, Edwin Arce, aseguró que esa organización social ampliará el cerco departamental en protesta por el paro del opositor Comité Cívico.

“El mandato de las organizaciones sociales fue que el Comité Interinstitucional, el cívico Rómulo Calvo y el gobernador Fernando Camacho levanten el paro, pero siguen con esa medida”, declaró Arce en conferencia de prensa al confirmar que la acción de presión es efectiva desde las 00:00, hora local de este miércoles.

Transportistas intermunicipales iniciaron un bloqueo entre los municipios de Paila y Santa Cruz, con la exigencia de que concluya la forma de protesta impuesta por el Comité Cívico y que impide el derecho al trabajo y la libre movilidad.

Otro sector de esa fuerza laboral estableció similar cerco en la vía denominada La Guardia.

Arce criticó que Camacho y sus seguidores del Comité Cívico privilegian a empresarios cruceños por intereses grupales y les permiten continuar sus actividades productivas y de negocios.

Incluso, la televisión mostró una circular firmada por el cívico Rómulo Calvo y entregada a los paramilitares bajo sus órdenes, en la cual les indicó que en los puntos de bloqueo permitan la circulación de los camiones que transportan los productos de la empresa de alimentos Sofía.

De manera contrastante, a los gremialistas y otros trabajadores cuyo sustento fundamental depende de los ingresos diarios esos grupos de choque les impiden solventar esa necesidad, explicó el líder indígena.

El paro impuesto al departamento por el Comité Interinstitucional que encabezan Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, está vigente desde el sábado último, con una pérdida diaria de 36 millones de dólares para el país, según las autoridades.

Este grupo de poder exige adelantar el Censo se Población y Vivienda para 2023 y presentar los resultados en 120 días.

Por su parte, el Gobierno tras varios esfuerzos y concesiones con vista a lograr una solución negociada y al propio tiempo realizar un censo de calidad, les propuso un decreto en el cual se establezca que un estudio técnico defina la fecha del ejercicio censal, ya sea en 2023 o en 2024.

Arce indicó que el cálculo de Camacho y sus seguidores es “netamente político”, pues solo busca “atentar contra la democracia, la economía y el desarrollo del país”.

Los campesinos movilizados expresaron su apoyo a la convocatoria que dio a conocer la víspera el presidente Luis Arce, de realizar el viernes en Cochabamba un Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso.

El dirigente indígena instó al gobernador y al Comité Interinstitucional a asistir a esa reunión y exponer su “verdadera” propuesta censal.  (Fuente:PL)