Protestas en Perú. Foto: BBC
Asunción, 16 dic (Prensa Latina) Paraguay convocó a un intercambio "inclusivo y respetuoso" en Perú, ante la situación creada tras el golpe de Estado del Congreso contra el presidente electo Pedro Castillo, publica hoy un periódico local.
El Ministerio de Relaciones Exteriores transmitió la preocupación oficial por la muerte de 18 personas durante una ola de manifestaciones extendidas por todo el país, que obligaron al ejecutivo de Lima a decretar un estado de emergencia durante 60 días en siete provincias sureñas, añade el periódico HOY.
Paraguay –afirma la nota oficial reproducida por el diario- sigue la situación en Perú y reitera su llamado al diálogo inclusivo y respetuoso entre todos los sectores, “la mejor herramienta –subraya- para canalizar las demandas ciudadanas y garantizar la paz social”.
El texto recuerda que el Gobierno del país austral fue uno de los primeros de la región en solicitar, mediante una nota oficial el 7 de diciembre, un “diálogo constructivo” entre todos los actores y fuerzas políticas de Perú.
La declaración exhortó a “preservar la democracia y sus instituciones en favor de la estabilidad y la pacificación en ese país hermano”.
El Gobierno de Perú, a través de la presidenta Dina Boluarte, nombrada por el Congreso, decretó el lunes el estado de emergencia frente a las protestas populares que aumentan cada día a lo largo y ancho de la nación, luego de la asonada que derivó en la destitución y arresto del entonces Presidente Castillo, según el diario HOY.
Los manifestantes -recuerda la publicación- exigen la libertad de Castillo, la dimisión de Boluarte y la convocatoria inmediata a elecciones generales para definir al nuevo presidente y sustituir a los miembros del Congreso.
Las autoridades paraguayas reaccionaron ante la expulsión del cargo del gobernante peruano electo conforme con la Constitución, bajo la acusación por el Legislativo de intentar un golpe de Estado.
Los hechos se precipitaron cuando el ahora expresidente disolvió el Congreso e instaló un gobierno de emergencia, enfrentado a acusaciones parlamentarias que alegaron su presunta “incapacidad moral”, en la mayor crisis política de Castillo desde que llegó al poder en la segunda vuelta de las elecciones peruanas del 6 de junio.
