Protesta antigubernamental en Perú.

Lima, 17 feb (RHC) Duras críticas recibió este viernes en Perú un pedido derechista de amnistía para policías y militares por delitos eventualmente cometidos en el marco de las protestas antigubernamentales, mientras el Ejecutivo se abstuvo de comentarios al respecto.

El ministro de Justicia, José Tello, preguntado sobre la iniciativa del partido Avanza País, de derecha extrema, de proteger a los uniformados de posible juicios, con una amnistia a priori, solo dijo que esa organización tendrá que fundamentarlo para su análisis.

“Como ministro de Justicia no puedo dar una opinión, porque se trata de la posición del Estado”, la cual requiere de que la solicitud se presente y sea fundamentada, declaró

Sin embargo, parlamentarios y juristas señalaron que la amnistía planteada es inviable y condenable, en tanto advirtieron de las posibles consecuencias internacionales para el Gobierno, en caso de que este acceda al pedido.

“La propuesta de Avanza País es jurídicamente inviable, y una ofensa para las víctimas”, declaró a Prensa Latina, Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Citó jurisprudencia internacional que prohíbe amnistiar casos de “graves violaciones de derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales que se vienen cometiendo en el Perú”.

Además, añadió la letrada, la propuesta es revictimizante y atenta contra la dignidad de las familias, que exigien justicia. “Más aún se está dando un mensaje de respaldo político a las fuerzas del orden que favorece nuevas violaciones de derechos humanos”, advirtió.

“Las amnistías para violadores de derechos humanos son inconstitucionales y contrarias al derecho internacional. Cualquier iniciativa de esas, no solo reconoce la comisión de graves crímenes, sino que generará responsabilidades internacionales del Estado”, dijo el abogado Carlos Rivera, especialista en derechos humanos.

Desde la derecha, el abogado conservador Natale Amprimo declaró que “Hay que ser muy cretino para presentar un proyecto como este”, carente de un análisis inteligente y acorde con el derecho.

La parlamentaria progresista, Ruth Luque, dijo que una amnistía o medida similar evidencia el afán de no investigar ni sancionar las violaciones de derechos humanos y recordó que el gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000) amnistió a militares autores de crímenes de lesa humanidad, pero la medida fue anulada.

El periodista Ángel Páez recordó aquella época y comentó que “después de la amnistía para militares y policías involucrados en homicidios, sigue la firma del acta de sujeción de las Fuerzas Armadas y la Policía” al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, como ocurrió entonces.

La directora de la organización Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, dijo que la iniciativa busca dejar impunes las violaciones de derechos humanos y dar carta blanca a las fuerzas de seguridad para que sigan cometiendo atrocidades que causaron 48 muertes de civiles durante dos meses de protestas.  (Fuente:PL)