Foto: Semanario Universidad.

Lima, 25 feb (RHC) La presidenta peruana, Dina Boluarte, informó este sábado que espera respuesta a su pedido de declarar a distancia ante la Fiscalía, que la convocó a hacerlo presencialmente, e invocó para ello riesgos para su seguridad.

La mandataria desmintió la versión de un diario, según el cual ha pedido dos veces postergar el interrogatorio, parte de la indagación preliminar a ella y al primer ministro, Alberto Otárola, por una denuncia de presunto genocidio y otros delitos durante las protestas sociales que demandan su renuncia.

Un comunicado de la Presidencia señala que Boluarte no pidió reprogramar sus declaraciones, sino solicitó tras dos convocatorias -para el 30 de enero y el 23 de febrero- declarar virtualmente, por teleconferencia, sin que la Fiscalía le haya respondido.

Asegura que en ambas oportunidades argumentó “los riesgos de seguridad y agitación social que podría generar su asistencia a la Fiscalía” pero la solicitud no ha tenido respuesta.

“Por lo tanto, la señora presidenta de la república no rehúye ni posterga dar declaraciones. Asimismo, reitera su compromiso de facilitar y participar en las diligencias que la Fiscalía de la Nación estime por conveniente”, añade la declaración.

Tanto la presidenta como el primer ministro son investigados por una denuncia de presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones, relacionados con las operaciones policiales policiales y militares iniciadas el 7 de diciembre pasado, ante la destitución parlamentaria y la prisión del presidente Pedro Castillo, a quien reemplazó Boluarte en su calidad de vicepresidenta.

En el mismo proceso de investigación, el procuradur general del Estado, Daniel Soria, pidió al Poder Judicial que anule la declaración ampliatoria del premier Otárola del 16 de febrero último y argumentó que como procurador no fue convocado, lo cual vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa.

Sin embargo, la abogada Romy Chang afirmó que el reclamo no procede, porque la presencia del procurador solo corresponde cuando el funcionario interrogado declara como testigo y no, como en este caso, en el que Otárola es investigado y solo se permite la presencia del fiscal y el abogado del indagado. (Fuente: Prensa Latina).