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Buenos Aires, 1 mar (RHC) El presidente argentino, Alberto Fernández, denunció este lunes la existencia de una estructura conformada por el poder judicial, medios de comunicación y políticos opositores, la cual atenta contra su Gobierno y sentenció a la vicemandataria Cristina Fernández.

El 6 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 2 impuso una pena de seis años en prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la también titular del Senado por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la gestión pública.

Durante el inicio del 141 período de sesiones ordinarias del Congreso, el jefe de Estado calificó de injusta esa condena y afirmó que en ese proceso “no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando la inhabilitación política”.

Asimismo, indicó que cualquier estudioso del derecho penal se asombraría ante semejante desatino y retroceso.

Reflexionemos. No importan las cercanías o afinidades políticas, se trata de reponer el Estado de Derecho y hacer valer nuestra Constitución. Levantemos nuestra voz porque el reclamo de justicia cobra vigencia una vez más ante el odio y la persecución, aseveró.

El Presidente lamentó que el poder judicial no cuente con la confianza pública, no funcione eficazmente ni posea la independencia requerida frente a los poderes fácticos.

Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con las provincias hicieron evidente que un bloque de intereses tradicionales pretende consolidar las enormes asimetrías que aún existen, apuntó.

No puedo ser indiferente al ver las diferencias que separan a esta capital de rincones de la Patria donde se postergan los sueños de argentinos que parecen condenados al olvido. Nosotros no queremos perpetuar tanta injusticia, añadió.

El mandatario indicó que la intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es inadmisible y excede sus facultades y condenó también el mal desempeño de los integrantes de la Corte Suprema (CS) que se arrogaron la facultad de disponer cómo designar los miembros del Consejo de la Magistratura.

El accionar de la CS nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado. (…) Recientemente, tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, exagentes de inteligencia y políticos, dijo.

En 2020 convoqué a un grupo de expertos para que estudiaran alternativas para reformar el sistema judicial. La propuesta se aprobó en el Senado y nuca fue tratada en la Cámara baja, recordó. (Fuente: Prensa Latina).