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Lima, 9 mar (RHC) Un juez supremo ordenó este jueves que el exmandatario peruano Pedro Castillo sea mantenido en prisión preventiva por 36 meses, pese a que desde diciembre pasado está sometido a una medida similar por 18.

El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, encargado de monitorear la investigación a Castillo, consideró necesaria la medida para garantizar las pesquisas, cuya aplicación fue alentada por sectores políticos y medios de prensa adversos al exgobernante.

La indagación está referida a casos de corrupción en la empresa estatal de hidrocarburos y los exministros de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva (prófugo) y Geiner Alvarado, quien se mantiene en una especie de libertad condicional, así como familiares y otros allegados al exmandatario.

Chackley desoyó el alegato del abogado de Castillo, Eduardo Pachas, en el sentido de que la nueva prisión preventiva es innecesaria como garantía de que el expresidente no pueda fugarse o entorpecer las investigaciones.

Explicó que su cliente no puede escapar ni obstruir las pesquisas porque está encarcelado en una prisión de alta seguridad desde que el 7 de diciembre de 2022 fue detenido y destituido por el Parlamento por haber ordenado la disolución del Congreso opositor, sin lograr su objetivo.

El juez, al fundamentar su decisión, señaló que el caso cumple el primer requisito de la prisión preventiva, es decir, que podría ser condenado a una larga condena, pues la Fiscalía afirma que el castigo sería de más de 30 años de cárcel.

En la audiencia de debate del pedido de prisión preventiva, el expresidente negó los cargos en su contra y coincidió con su abogado en sostener que no hay pruebas y que solo es culpable del delito de servir a su país como presidente y es objeto de una campaña política y mediática en su contra.

También acusó de corrupción a las bancadas parlamentarias que lo acusan, aunque no presentó pruebas de sus afirmaciones.

La caída de Castillo desató una ola de protestas que, con pausas, continúa, sobre todo en territorios andinos y principalmente en el sureño de Puno, y que pide la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, entre otras exigencias.

Las manifestaciones han dejado un rastro de 48 muertos en disturbios, seis soldados ahogados en circunstancias que son materia de controversia, un policía asesinado y 11 civiles fallecidos en accidentes vinculados a las protestas. (Fuente: Prensa Latina).