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Lima, 24 mar (RHC) La negativa de la presidenta peruana, Dina Boluarte, a acceder a pedidos de cambios ministeriales, contrasta con un panorama en el que uno de sus ministros será interpelado por el Parlamento y hay otros dos cuestionados.

La mandataria fue preguntada ayer en una breve conferencia de prensa sobre insistentes versiones de inminentes cambios del primer ministro, Alberto Otárola, y otros titulares objeto de severas críticas y respondió que no lo cree conveniente.

Argumentó que no se puede cambiar ministros cada tres o cuatro meses, aunque por diversas razones ha reemplazado a varios desde el inicio de su administración en diciembre último, como sucesora del destituido presidente Pedro Castillo.

Dijo también que un nuevo ministro cambia siempre a la plana mayor de la respectiva cartera y el nuevo elenco tarda meses en terminar de adaptarse, lo que afecta la gestión del organismo.

Casi al mismo tiempo, el Parlamento aprobó por amplia mayoría tres mociones, que pueden culminar en la censura o destitución, de diverso origen y contenido, de interpelación al ministro de Defensa, Jorge Chávez, parte del núcleo de mayor cercanía a la mandataria.

Las mociones coinciden en abordar en los cuestionarios que deberá responder Chávez en fecha por definir, la muerte de seis soldados ahogados en el cruce de un río al que se lanzaron junto a una tropa que regresaba a su base en la región surandina de Puno, cuyas circunstancias son materia de polémica.

Presentaron las mociones las bancadas de derecha extrema Fuerza Popular y Renovación Popular, que exigen mayor dureza en la represión a las protestas antigubernamentales y protección a militares y policías acusados de violaciones de derechos humanos.

También por los legisladores Perú Libre, que cuestionan lo que consideran excesos represivos contra las protestas que demandan la renuncia de Boluarte y acumulan un saldo de 67 fallecidos.

También se han presentado mociones para interpelar a los ministros del Interior, Vicente Romero, por el allanamiento de la Universidad Mayor de San Marcos y la detención masiva e injustificada de estudiantes y manifestantes llegados del interior a protestar contra el Gobierno, a fines de enero pasado.

Romero es objeto de críticas por negarse a asumir responsabilidad en el hecho y alegar que se enteró del mismo por la televisión y la Policía actuó de oficio amparada en el estado de emergencia vigente.

Otro pedido de interpelación está dirigido contra el titular de Educación, Óscar Becerra, por una cuestionable declaración contra las manifestantes indígenas de Puno llegadas a Lima y a las cuales la Policía lanzó gases lacrimógenos pese a que llevaban a sus pequeños hijos atados a sus espaldas, como es tradicional.

Becerra sostuvo que hasta los animales protegen a sus hijos y acusó a las mujeres andinas de exponer a sus hijos al peligro, posición que apoyan el Gobierno y legisladores derechistas.

Los casos referidos tienen como denominador común su relación con la represión a las protestas iniciadas tras asumir Boluarte, que ha acelerado el desgaste del gabinete ministerial y llevado a más de 70 por ciento la aprobación ciudadana a la presidenta. (Fuente: Prensa Latina).