Imagen ilustrativa. Primicias.

Quito, 21 abr (RHC) El polémico contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana y la empresa Amazonas Tanker volvió este viernes a centrar los debates del proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, acusado de peculado.

Este viernes, el exprocurador Íñigo Salvador señaló que la Procuraduría General del Estado (PGE) no revisó el convenio entre ambas compañías en 2021 porque la Contraloría General del Estado (CGE) ya había hecho un examen especial.

El segundo llamado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (parlamento) fue el actual procurador,Juan Carlos Larrea, quien insistió en que el rol de la institución es solamente revisar la cláusula sobre el arbitraje, no el contenido del contrato.

No obstante, agregó que el hecho de que no se haya pedido la autorización para el contrato inicial de Amazonas Tanker implica una contravención a una disposición legal y eso debería acarrear responsabilidad administrativa para el funcionario encargado.

Otro de los testigos presentes fue el presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco EP), Joaquín Ponce, que confirmó no haber recibido ninguna disposición de Lasso para tomar medidas políticas y administrativas en Flota Petrolera Ecuatoriana -Flopec-, y evitar el presunto delito de peculado.

No obstante, Ponce consideró infundado el proceso para destituir al mandatario, pues el directorio de Flopec ha realizado varios exámenes especiales para analizar la situación con Amazonas Tanker y se han cumplido las recomendaciones emitidas.

Las audiencias parlamentarias para definir la responsabilidad política del mandatario en las irregularidades en el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker continuarán la próxima semana.

El subsecretario Jurídico de la presidencia, Jorge Benavides, confirmó en entrevista a Radio Sonorama que el jefe del Ejecutivo citado para comparecer el próximo miércoles ante la Comisión de Fiscalización, no acudirá a ese encuentro y su defensa será a través de sus abogados.

El 26 de abril concluirá la fase dedicada a escuchar testigos y analizar documentos y a partir de ese momento la Comisión tendrá 10 días para concluir un informe sobre el caso.

Más allá de la recomendación, para censurar al jefe de Estado se necesita el apoyo de las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios. (Fuente: Prensa Latina).