Captura de pantalla
Brasilia, 29 de abr (RHC) La solicitud de creación de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) sobre los actos golpistas del 8 de enero en esta capital, signó en Brasil la semana que termina hoy.
Con la lectura del requerimiento en una sesión del Congreso por parte del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, la CPMI está creada en la práctica y solo faltaría la publicación del acto en el Diario Oficial de la Unión.
El colegiado del Congreso, propuesto por legisladores de la oposición, estará formado por 16 diputados y 16 senadores titulares y tendrá duración de hasta seis meses.
Inicialmente, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestaba públicamente contra la creación de la junta.
El discurso cambió después que resultó destituido el general Marcos Edson Gonçalves como jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), al aparecer en videos dentro del Palacio Presidencial durante las acciones antidemocráticas.
Las imágenes fueron divulgadas por la televisora CNN Brasil y muestran a Gonçalves y a empleados del ministerio caminando entre los golpistas en los pisos más altos del Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, en el momento de la invasión.
En los videos, el equipo del GSI, que proporciona seguridad al presidente, da agua a los invasores e indica una salida de emergencia.
Ante los hechos, el general manifestó que su staff estaba dirigiendo a los extremistas al segundo piso para ser arrestados.
Pese a tales argumentos, la Secretaría de Comunicaciones de Lula tuiteó que Goncalves fue destituido como jefe del GSI y asumió de forma interina Ricardo Capelli, quien estaba al frente de la seguridad de Brasilia.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder de Lula, grupos de partidarios radicales del exmandatario Jair Bolsonaro protagonizaron los eventos golpistas del 8 de enero.
En esa fecha, marcada en negro en la historia nacional, los extremistas de derecha irrumpieron violentamente y saquearon las sedes del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y Planalto.
Después de los ataques y el saqueo en las sedes de los tres poderes, miles de vándalos fueron detenidos, denunciados por la Procuraduría General de la República e incluso se convirtieron en acusados, es decir, responderán a acciones penales en la justicia y pueden ser condenados o absueltos. (Fuente: Prensa Latina)
