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Brasilia, 22 jun (RHC) El empresario brasileño George Washington de Oliveira, condenado por intento de atentado con bomba, invocó este jueves el derecho de permanecer en silencio en la Comisión Parlamentaria de Investigación de los actos golpistas del 8 de enero.

Ante la primera pregunta sobre el caso, hizo uso del derecho. «Yo, como investigado, voy a mantener el derecho a permanecer callado», declaró al ser interrogado acerca del día que llegó a Brasilia.

El hombre de negocios, que cumple nueve años y cuatro meses de prisión, procuró explotar un camión-tanque víspera de Navidad (en diciembre). El artefacto llegó a ser activado, pero no estalló debido a fallas técnicas.

La negativa molestó al presidente de la comisión, diputado Arthur Maia, quien consideró que «esa conducta odiosa que usted cometió resulta vil, cobarde, vergonzosa para nuestro país».

«Usted es un criminal», prosiguió Maia, quien también comentó que los hechos a los que está ligado «avergüenzan la historia» del gigante sudamericano, «a la sociedad brasileña, a su familia».

La Comisión Parlamentaria de Investigación abrió el martes las rondas de testimonios con el exdirector de la Policía Federal de Carreteras Silvinei Vasques. Además de los actos golpistas del 8 de enero en esta capital, el plan de trabajo de la junta prevé la indagación de episodios anteriores.

La semana pasada, la comisión aprobó la convocatoria para que declaren aliados del expresidente Jair Bolsonaro.

En tal sentido mencionó al teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes del exmandatario, y Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad Pública del DF.

Bolsonaro resulta además objeto de solicitud de citación, pero, por acuerdo, no fue mencionado en este primer encuentro del grupo.

El colegiado pide asimismo el envío de archivos e imágenes, internas y externas de la fecha, del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF), los palacios del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) e Itamaraty (de la cancillería) y del Ministerio de Justicia.

Partidarios radicales de Bolsonaro recibieron la orden el 8 de enero y casi siete mil (apropiados del color amarillo de la bandera) irrumpieron y saquearon los predios del Congreso Nacional, el STF y Planalto.

La Fiscalía General denunció penalmente a mil 390 personas por varios delitos, como crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación criminal, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido. (Fuente: Prensa Latina).