Foto: El Comercio (Perú)
Lima, 23 jun (RHC) La Corte Suprema de Perú convocó este viernes a una sala plena (asamblea) de sus integrantes para debatir la inhabilitación y denuncia penal aprobadas por el Parlamento contra la fiscal Zoraida Ávalos.
La reunión se realizará el día 28 y fue convocada a pedido de ocho integrantes de la máxima institución que manifestaron preocupación por la medida tomada contra Ávalos y la posibilidad ue afecte a la independencia del sistema de justicia.
Los magistrados, entre los que se cuentan los extitulares de la Corte Suprema César San Martín y Elvia Barrios, expresaron esa inquietud al pedir al titular, Javier Arévalo, que convoque a sala plena (asamblea) extraordinaria de la misma para debatir el tema.
“Luego de los últimos acontecimientos relacionados con la inhabilitación política de una fiscal suprema titular, debemos debatir y tomar acuerdos sobre una probable afectación a la independencia y autonomía del sistema de justicia”, señala la carta colectiva enviada por los magistrados a Arévalo.
Fuentes judiciales informaron que el pedido fue hecho antes en forma verbal, sin encontrar respuesta del titular, considerado afín a la mayoría congresal conservadora que el miércoles último inhabilitó por cinco años a Ávalos para ejercer funciones públicas y la denunció judicialmente.
Las drásticas medidas fueron adoptadas debido a que la magistrada, cuando era fiscal de la Nación, abrió una investigación preliminar al entonces presidente Pedro Castillo por presunta corrupción y de inmediato la congeló debido a que la Constitución otorga inmunidad a los jefes de Estado.
La afectada y juristas diversos argumentan que la medida afecta la independencia de los fiscales y su potestad de interpretar sus decisiones y el caso dio pie a la reiteración de denuncias de avasallamiento por la mayoría parlamentaria conservadora.
En el mismo sentido se manifestó la Fundación para el Debido Proceso, al calificar la inhabilitación de Ávalos como un acto arbitrario con consecuencias institucionales graves que debilitan la independencia de la Fiscalía.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por su parte, condenó la destitución de la fiscal y su enjuiciamiento y los calificó como parte del desmantelamiento de la institucionalidad del país por parte de la mayoría parlamentaria. (Fuente: Prensa Latina).
