Policía de Perú
Lima, 16 julio (RHC) La Coordinadora de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH) denunció hoy la criminalización de las protestas antigubernamentales convocadas por decenas de diversas organizaciones sociales, a iniciarse dentro de tres días.
Al mismo tiempo, un analista político afirmó que los aprestos represivos y la campaña mediática contra las movilizaciones se deben a que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte le tiene temor a que el pueblo salga a las calles.
El coordinador de la CNDDHH, Miguel Jugo, advirtió como expositor en un seminario sobre Derechos Humanos las posibles ejecuciones extrajudiciales en Perú, y que la política y el discurso del Ejecutivo hacia las protestas genera la criminalización del derecho a la protesta pacífica.
Invocó al Gobierno a garantizar el respeto a la vida y la integridad de los marchistas y señaló que a la CNDDHH le preocupa que el mensaje criminalizador del Ejecutivo puede estimular la realización de actos violentos.
Mencionó entre esos mensajes la declaración de Boluarte ante los primeros anuncios de nuevas protestas, preguntó ¿Cuántos muertos más quieren?, en referencia a los 69 caídos en las manifestaciones contra su ascenso a la presidencia, entre diciembre y enero últimos.
El defensor de derechos humanos citó también como negativo el uso propagandístico de la arenga grabada por una integrante de un grupo armado sin poder de convocatoria a “tomar las ciudades”, a lo que se sumó el anuncio del despliegue en Lima de 24 mil agentes ante las manifestaciones.
“El miedo escarapela el cuerpo de los gobernantes. Les aterra que la gente salga a la calle. Admiten las encuestas, que les son absolutamente adversas. Pero les invade el pánico saber que la gente esté movilizada”, comentó el analista Gustavo Espinoza.
Señaló por otra parte que el gobierno se ufana de haberse estabilizado tras cumplir siete meses y advirtió que en Bolivia la golpista Jeanine Añez cumplió un año pero está condenada a 16 años de cárcel. Para Espinoza, el mismo destino tendrá Boluarte.
Las protestas, según la Coordinadora Nacional que la convoca, se mantendrán en Lima y en el interior del país hasta el 28 de julio y, demandan también prontas elecciones generales.
También plantean una asamblea constituyente y exigen sanción para autores y responsables de las muertes en protestas anteriores y rechazan la presencia en Perú de tropas norteamericanas. (Fuente:PL)
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