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Lima, 25 jul (RHC) La Fiscalía de la Nación pidió este martes judicialmente que las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú entreguen información que consideran secreta, relacionada con las muertes en protestas sociales en meses pasados.
La Fiscalía presentó un requerimiento de revelación de información en el marco de la investigación a la presidenta Dina Boluarte y varios que eran ministros cuando los uniformados dieron muerte a civiles entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
“Con esta figura se podrá obtener información sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, considerada como ‘clasificada’”, indica el reporte.
“Así, de estimarse este pedido, el juez de la causa ordenaría a dichas instituciones castrenses la entrega de la información requerida”, agrega.
La solicitud fue planteada tras reiteradas denuncias de abogados y activistas de derechos humanos sobre la negativa de militares y policías a dar la información requerida por estar reservada, para lo cual invocan sus normas internas.
Durante las protestas contra el ascenso de Boluarte a la Presidencia, fueron abatidos 49 civiles, en su mayoría por proyectiles de armas largas e impactados en el torso o la cabeza, lo cual, según organismos humanitarios, evidencia la intención de darles muerte.
El Gobierno se ha abstenido de tomar medidas y ha dejado el problema en manos del Ministerio Público, cuya titular, Patricia Benavides, es objeto de señalamientos de quienes la consideran favorable al Ejecutivo, y los familiares de las víctimas se quejan por la lentitud y otras dificultades de las investigaciones.
Las actuales protestas sociales, como las anteriores, exigen la renuncia de la presidenta, nuevas elecciones generales y juicio y sanción para los autores y responsables de las muertes, entre otras demandas.
Informes de organismos internacionales de derechos consignan violaciones de derechos humanos en la represión de las protestas anteriores y señalan la necesidad de que se investiguen las muertes. (Fuente: Prensa Latina).
