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Buenos Aires, 30 ago (RHC) El Gobierno argentino creó una comisión de recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional en la provincia de Jujuy, según detalla un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
De acuerdo con la disposición del presidente Alberto Fernández, dicha instancia funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia y estará integrada por entre cinco y siete expertos.
Pese a multitudinarias protestas, en junio fueron aprobadas modificaciones a la Constitución jujeña propuestas por el gobernador Gerardo Morales (Unión Cívica Radical), quien respondió con la fuerza a las demostraciones que continuaron tras ese hecho.
Entre los aspectos que generaron mayor descontento se encuentra el artículo 67, el cual establece que, para garantizar el derecho a la paz social, se prohíben los cortes de calles y rutas, así como toda manifestación que pueda ser considerada violenta, lo cual es determinado por la Policía.
Por su parte, el 94 y 95 disponen el control sobre las tierras y el agua, lo cual afecta a las comunidades originarias que no fueron escuchadas por quienes redactaron el texto.
El Gobierno nacional, la Secretaría de Derechos Humanos, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, agrupaciones indígenas y sindicales condenaron esas violaciones y denunciaron la persecución, los allanamientos y arrestos registrados en Jujuy contra quienes se opusieron a la reforma.
Por su parte, integrantes de cientos de comunidades originarias llegaron a esta capital en una marcha conocida como el Malón de la Paz para defender el derecho a sus tierras y denunciar las irregularidades cometidas.
Según el decreto de esta jornada, la comisión analizará las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la policía provincial.
Además, tendrá 60 días para elaborar un Informe y presentarlo ante el Congreso y la Corte Suprema junto a recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos. (Fuente:PL)
