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Quito, 14 sep (RHC) Organizaciones sociales y políticos de Ecuador presentaron este miércoles ante la Corte Constitucional recursos legales contra el decreto-ley firmado por el presidente Guillermo Lasso para el equilibrio y transparencia de las finanzas públicas.

Este jueves, el Frente Unitario de Trabajadores -FUT-, y asociaciones de pensionistas y afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -IESS-, alertaron que el Gobierno busca vulnerar sus derechos con esa medida.

Según José Villavicencio, presidente del FUT, de entrar en vigor la normativa propuesta por Lasso, se eliminaría los intereses de la deuda del Estado con el IESS en un 40 por ciento y reduciría la responsabilidad del Ejecutivo de atender integralmente a pacientes con enfermedades catastróficas.

Pedimos a los jueces de la Corte que no den paso al decreto, consideramos que es un “paquetazo neoliberal”, afirmó Villavicencio.

De igual forma, el concejal del municipio de Quito, Andrés Campaña, jubilados y pensionados, presentaron sus argumentos mediante un “amicus curiae”, recurso legal con el cual también rechazaron la medida de Lasso y anticiparon movilizaciones cuando la Corte se reúna para analizar el tema.

«Nuestro interés es defender al IESS, defender la salud, defender a los grupos de atención prioritaria, a jubilados, afiliados y pensionistas», expresó Campaña desde las afueras de la sede del organismo judicial.

Reynaldo Mendienta, representante de los jubilados del IESS, advirtió que irán a huelga de hambre si la Corte acepta el proyecto de Lasso.

El gobernante firmó el texto el pasado 5 de septiembre con el objetivo de que “el manejo de las cuentas fiscales garantice el cumplimiento de los objetivos económicos”.

La Corte no tiene plazo para emitir un criterio sobre la propuesta y ya ha rechazado tres de las cuatro iniciativas enviadas a revisión por el jefe del Ejecutivo en los últimos tres meses, luego de disolver el legislativo con la aplicación de la muerte cruzada.

La entidad jurídica aprobó una reforma tributaria, pero negó la implementación de decretos para la reestructuración de créditos educativos, la creación de zonas francas, y beneficios para empresas en quiebra.

El organismo judicial consideró que esos temas no son urgentes y pueden ser tratados por la próxima Asamblea Nacional (parlamento), la cual tomará posesión tras la proclamación de los resultados de la segunda vuelta electoral el 15 de octubre cuando se definirán una veintena de curules.

En su dictamen de rechazo de esas dos iniciativas, la Corte señaló que constituye un riesgo para la democracia aprobar todas las medidas propuestas por Lasso porque en un futuro los gobernantes, en un contexto de parlamento disuelto, podrían recurrir a gobernar abusivamente por fuera del Estado de Derecho. (Fuente: Prensa Latina).