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Ciudad de Guatemala, 27 nov (RHC) Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala declararán este lunes ante una Comisión Pesquisidora del Congreso sobre la adquisición del sistema informático empleado en los comicios.
Varias jornadas llevan cinco diputados seleccionados por el Legislativo para afinar criterios y presentar un informe al Pleno que deberá decidir, antes del próximo día 30, sobre el retiro o no de la inmunidad a esas autoridades.
La Corte Suprema de Justicia trasladó el pasado día 7 al Congreso los expedientes de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
En el marco del trabajo investigativo, el presidente de la Pesquisidora, Enrique Montano (Unionista), informó sobre amenazas continuadas en su contra, con el agravante que en las redes sociales señalan que es dueño de la empresa contratada.
El legislador, junto a Douglas Rivero (FCN-Nación), Julio Longo (Elefante), Flavio Muñoz (Humanista) y Osmundo Ponce (URNG), pidió a Datasys S.A. que detalle sus accionistas.
El MP divulgó que los magistrados del TSE decidieron contratar a esa entidad el sistema a un costo de 148 millones de quetzales (19 millones de dólares) cuando otra tenía una oferta más barata.
La Comisión del Congreso escuchó el viernes último a los abogados Geovanny Fratti y a Karen Fisher, quienes interpusieron la denuncia ante el MP.
La segunda aseguró que “se presume que existe un fraude electoral”, sin embargo, el primero ratificó la misma línea aclarada dos días atrás por la Fiscalía.
Es “al erario público, es el fraude a los dineros del Estado por la compra con sobreprecio, a ese fraude nos estamos refiriendo y es el que consta en la denuncia, a nada más”, remarcó Fratti.
El TSE contrató a la empresa Datasys para prestar el servicio TREP, en cambio, agregó, no supervisó el proceso y no lo tuvo bajo su control.
Actualmente, funcionan otras dos comisiones pesquisidoras del Congreso, una contra el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, y la siguiente contra el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Javier Maldonado.
Sobre el vicemandatario pesa una denuncia por el nombramiento de la titular de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, Angela Marina Figueroa, en 2020.
La solicitud de antejuicio contra el ministro guarda relación con una deuda que tiene su cartera, por un monto de 256 mil quetzales (casi 32 mil 500 dólares), más intereses legales y moratorios, ante la entidad Profesionales de Servicios Técnicos S.A.
Una tarea pendiente todavía para los diputados es la aprobación del Presupuesto de la Nación 2024, que cuenta con un dictamen favorable por 124 mil 880 millones de quetzales (casi 16 mil millones de dólares), el más alto de la historia. (Fuente:PL)
