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Lima, 27 nov (RHC) La presidenta peruana, Dina Boluarte, calificó este lunes como maniobra política la denuncia constitucional en su contra, por muertes en protestas sociales, presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, envuelta en un escándalo de corrupción.

“Expresamos nuestra condena ante tan deleznable maniobra política con la que utilizando indebidamente la memoria de compatriotas fallecidos se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la propia fiscal de la nación que tiene que responder ante las instancias correspondientes”,dijo.

En un mensaje televisivo, se refirió a la crisis del Ministerio Público y las acciones del equipo anticorrupción y la detención de tres asesores de la fiscal por una investigación que la señala como presunta jefa de una organización criminal, reconoció la gravedad de las denuncias que motivaron esas acciones.

Sostuvo que el Gobierno respeta la autonomía de los órganos de justicia y ratifica lo que llamó su lucha radical contra la corrupción.

En torno a la denuncia en su contra por la muerte de un participante en las protestas contra su ascenso al gobierno, y otros casos, Boluarte dijo que le extraña que se haya presentado después de divulgarse las operaciones del equipo de fiscales anticorrupción contra Benavides y su entorno.

Expresó además extrañeza por el hecho de que el pasado viernes la fiscal de la Nación amplió por ocho meses la investigación sobre posible genocidio y asesinato con agravantes abierta meses atrás, y el viernes último aprobó presentar la denuncia en su contra, lo que se hace al final de las pesquisas.

Llamó al Parlamento y a las autoridades políticas y jurisdiccionales a defender el Estado de derecho y la estabilidad del país.

Respecto a la denuncia contra Boluarte, el Congreso de mayoría conservadora deberá decidir si la aprueba y en tal caso abrir un proceso parlamentario a la mandataria que puede ponerla en manos de los tribunales o hasta vacarla (destituirla) por permanente incapacidad moral.

También el Congreso tendrá la última palabra en el caso de Benavides en un procedimiento similar, quien solo puede ser investigada administrativamente por la Junta de Fiscales Supremos y los fiscales anticorrupción, que exigieron su retiro ante la gravedad de su situación. (Fuente: Prensa Latina).