Ricardo Lombana.

Según el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, con la finalidad de recabar votos, el abanderado del Movimiento otro Camino miente al país sobre este proceso contra Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum.

El dirigente sindical reafirmó que fue el pueblo en las calles por más de dos meses, el que obligó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a emitir un fallo de inconstitucionalidad del contrato suscrito entre el Estado y la compañía extranjera, lo que originó que el Ejecutivo ordenara un plan de cierre de ese enclave en Donoso (Colón).

Lombana primero defendió la minera y luego se sumó a las movilizaciones sociales en su contra y adujo que sus abogados incidieron en el fallo de la CSJ, una burda mentira de un politiquero que busca respaldo en las urnas, de acuerdo con Méndez.

El activista también acusó a Lombana de difamar contra la campaña de la candidata presidencial independiente Maribel Gordón, que representa a las fuerzas de izquierda; y de su persona como aspirante a un curul en el Parlamento Centroamericano, lo que impugnará ante tribunales.

Los colectivos que integran la alianza, anunciaron recientemente que el próximo 19 de marzo marcharán hacia la Presidencia de la República, para reclamar el cierre total de la mina y cese de las operaciones, tal como lo demandó el pueblo organizado.

La víspera, el ministro de Comercio e Industrias (Mici), Jorge Rivera, afirmó ante la Asamblea Nacional(parlamento) por su parte que el Ejecutivo avanza con la estrategia del cierre de la mina y en la defensa de los intereses del país frente a los arbitrajes internacionales.

También indicó que se analiza el impacto al Producto Interno Bruto (PIB) por el fin de la producción y comercialización de cobre, ya que el país no cuenta con los ingresos que genera la actividad extractiva.

Según Rivera, el punto importante del plan de cierre de la mina son las auditorías ambientales y, a partir de allí pasar a la conformación del panel de expertos para avanzar en el proceso, que tiene un estimado de 800 millones de dólares.

Dijo que en las circunstancias en las que estamos actualmente, que es diferente de una situación normal de un proceso de cierre de mina, los recursos económicos saldrán de la venta de material de comercialización, pero no descarta el escenario en que el Estado termine sufragando los costos.

Detalló que el cierre de una mina de estas características, según los estándares internacionales, puede tomar entre seis y ocho meses, lo que para analistas es la antesala del traspaso de esa responsabilidad al Gobierno que asuma las riendas del país a mitad de este año, tras elecciones generales de mayo próximo.