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La Habana, 3 abr (RHC) Ecuador está hoy a menos de tres semanas de ir a las urnas para una consulta popular y referendo, iniciativa con la cual el presidente Daniel Noboa pretende reformar la Constitución, pero que es criticada por diversos sectores.

El próximo 21 de abril, los ecuatorianos votarán, entre otros temas, sobre la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado, la extradición, la posibilidad de instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer arbitrajes internacionales y la implementación de contratos temporales y por horas.

El mandatario, que abandera una lucha contra las bandas del crimen organizado, también quiere con la consulta reformar el código penal para elevar las penas a los delitos de terrorismo y su financiación, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato o trata de personas, entre otros.

Igualmente, preguntará sobre la eliminación de beneficios penitenciarios a condenados por delitos de financiamiento al terrorismo, reclutamiento de menores con fines delictivos, secuestro extorsivo, narcotráfico, minería ilegal, porte ilícito de armas, entre otros delitos.

Ante el repunte de la violencia en el país, con 137 homicidios en un fin de semana, el presidente insistió en que estos hechos tienen un trasfondo: «Tratar de engañar a la ciudadanía para que vote no en la consulta”.

Durante un acto en la ciudad de Manta ante policías y militares, Noboa afirmó no estar para hacerse “el gil como gobernantes pasados” que permitieron que la situación llegara “a un nivel casi incontrolable».

La campaña para la consulta popular y el referendo, que tiene 11 preguntas en total, arranca oficialmente el 7 de abril y termina el 18 de este mismo mes, de acuerdo con el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Organizaciones sociales y políticas consideran engañosa la cita a las urnas convocada por Noboa, que costará 60 millones de dólares.

La propuesta del mandatario ha recibido calificativos de errática e innecesaria, pues abarca asuntos que pueden tratarse en la Asamblea Nacional (Parlamento) sin necesidad de realizar el proceso. (Fuente: Prensa Latina)