Representantes de comunidades originarias reunidos en Chile. (Foto:PL)
Santiago de Chile, 21 abr (Prensa Latina) Representantes de Comunidades originarias denunciaron este domingo en Chile la criminalización y la violencia contra los defensores del medioambiente, en un encuentro previo a la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú COP 3.l
“Los indígenas somos los más afectados por las agresiones porque tenemos un vínculo muy fuerte con la madre tierra, con la protección y conservación de la naturaleza”, declaró a Prensa Latina la coordinadora de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, Dina Juc.
La también alcaldesa indígena guatemalteca explicó que, con el objetivo de proteger a la humanidad misma y a las nuevas generaciones, ellos se oponen a los modelos económicos extractivistas y destructivos del entorno y por eso son vistos por Gobiernos y Estados como enemigos del desarrollo.
En el caso de Guatemala hay una alta tasa de criminalización contra hermanos q’eqchies, poqomchiés y quichés y en toda la región mesoamericana también, dijo.
Miembros de organizaciones autóctonas de Centro y Sudamérica participaron este fin de semana, junto a la sociedad civil, en un encuentro efectuado en el Centro Cultural de España y en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
La llamada PreCop 3 antecede a la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, primer tratado medioambiental de la región, que comenzará el lunes en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Dina Juc explicó que uno de los propósitos de los pueblos originarios es tener voz propia en la COP 3 porque ellos no tienen el mismo acceso a la justicia, primero por ser indígenas, luego por ser mujeres, por no hablar el mismo idioma y por las brechas económicas.
Nosotros, como cualquier ser humano, merecemos tener una vida digna, tranquila, sin miedo a que en cualquier momento pueda venir una orden judicial y decir: ustedes tienen que retirarse de este territorio, declaró.
De acuerdo con la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena, durante los últimos 10 años murieron mil 335 personas por causas relacionadas con el avance de la frontera extractiva en sectores de hidrocarburos, forestal y minero.
También en zonas de desarrollo de proyectos de infraestructura vial que potencian actividades ilícitas como la tala y la minería ilegal, narcotráfico y redes del crimen organizado transnacional.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como de Escazú, fue adoptado en la ciudad costarricense del mismo nombre en 2018 y entró en vigor en 2021.
Hasta el momento ha sido firmado por 24 países de la región y cuenta con 15 Estados parte: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
