Protestas de mineros en 2023 en Panamá. Foto: Salva la selva

Ciudad de Panamá, 16 jun (RHC) El estallido social que provocó en Panamá a finales de 2023 un contrato minero declarado inconstitucional, debe abordarse hoy con el pueblo de forma transparente, aseveraron expertos en estos temas.

Invitados por la Cámara de Comercio e Industria del istmo, estudiosos como el exministro peruano de Energía y Minas, Luis Inchaustegui, instaron a tratar la crítica situación de la mina de cobre de Donoso(Colón), empresa filial de la trasnacional canadiense First Quantum, mediante un diálogo abierto y profundo sobre el desarrollo que quiere tener.

El ministro designado de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien tomará posesión el 1 de julio, reafirmó aquí que la decisión del nuevo jefe de Estado en el istmo, José Raúl Mulino, es abrir la mina para luego cerrarla de manera definitiva, algo que demandó el pueblo en las calles en octubre y noviembre del pasado año.

Para Inchaustegui, en caso de que el país decida apostar por el desarrollo minero, es necesario redefinir la concepción que se tiene de esa esfera a nivel ambiental, social, jurídico y político, para poder tener “reglas más claras” que faciliten la reapertura de ese enclave y otros que puedan iniciarse en la nación canalera.

“El mundo actual necesita de minerales para su proceso de transición energética y digitalización, y uno de esos minerales es el cobre, que es clave en el desarrollo de energías renovables”, detalló.

Por su parte, el exembajador de Chile en Panamá, Francisco Cruz, quien ha seguido de cerca la evolución de la mina de cobre, cree que las protestas que estallaron a finales de 2023 fueron producto de la acumulación de un “malestar social” que encontró su desahogo en la causa antiminera.

“Tras pasar cerca de seis meses de aquellos acontecimientos, queda claro que el país debe tomar decisiones al respecto, dado que la inacción no es una acción”, indicó.

Además indicó que a las nuevas autoridades corresponderá analizar cómo catalizar las nuevas circunstancias para determinar si es posible construir un nuevo entendimiento sobre la minería.

Se trata de un entendimiento que puede pasar por distintas aristas, lo que no puede variar es el hecho de que “el Estado es el dueño evidente de todos los proyectos mineros que se realizan en él, no la compañía de turno, y eso no entra en discusión en ninguno de los países de la región, remarcó.

Al ser consultado sobre los factores que deben cimentar ese nuevo entendimiento, Cruz explicó que se debe analizar el impacto financiero que produce e intentar vincular el concepto minero con un nuevo paradigma.

“La minería no puede ser un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar el desarrollo”, remarcó.

Los expertos coinciden en que otro punto importante es que la construcción de confianza ciudadana pasa por generar un marco político, institucional y constitucional robusto, que sea independiente de presiones e ideas políticas, para que regule los procesos mineros, desde antes que se apruebe una concesión.

En ese sentido, Cruz subrayó que el problema de Panamá es que intentó generar su marco jurídico y técnico de regulación, en paralelo a la aprobación de concesiones mineras.

Desde finales de noviembre de 2023, Minera Panamá almacena más de 130 mil toneladas de concentrado de cobre, sin determinar su destino final, lo cual genera serios daños al medio ambiente, además de que no representan necesarios ingresos para el país. (Fuente: Prensa Latina)