Foto tomada de Prensa Latina

La Habana, 25 jun (RHC) La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) presentaría hoy un proyecto de ley para garantizar el proceso de consulta libre, previa e informada, pero pospuso la propuesta para la próxima semana.

El líder de la Conaie, Leonidas Iza, explicó que aplazaron la presentación porque este martes los legisladores estarán en Machala, capital de la provincia costera de El Oro, para una sesión solemne por el bicentenario de la declaratoria del municipio.

En sus redes sociales la organización, que agrupa a la mayor cantidad de comunidades de pueblos originarios del país, señala que durante décadas, los pueblos han luchado por el reconocimiento y respeto de sus derechos y la normativa busca autonomía y salvaguarda.

Específicamente, la ley tiene como objetivo que los habitantes de los territorios ancestrales puedan decidir sobre proyectos extractivistas que el Estado pretenda adjudicar.

Para la Conaie, esa consulta a las comunidades debe ser antes de que sean adoptadas medidas que afecten a los residentes de la localidad donde se ha definido la concesión.

Además, señalan que el Estado deberá garantizar un ambiente de participación libre y segura, y que los residentes reciban toda la información necesaria para tomar una decisión.

Para el venidero 2 de julio, fecha en que llevarán el proyecto al legislativo, la Conaie convocó a sus bases a una movilización hacia la Asamblea Nacional (Parlamento), que deberá recibir la iniciativa y luego decidir si la procesará.

En los últimos meses activistas ambientales y residentes en las comunidades afectadas por la minería protagonizaron jornadas de resistencia contra el proyecto La Plata, a cargo de la empresa canadiense Atico Mining.

Diferentes colectivos denunciaron la estrategia del Gobierno y las transnacionales mineras de hostigar y perseguir a las comunidades que se oponen a la explotación minera de su territorio.

Expertos de la Organización de Naciones Unidas recomendaron a las autoridades de Ecuador garantizar las consultas ambientales en proyectos extractivistas cumpliendo con las normas de Derechos Humanos. (Fuente: Prensa Latina)